Ilustración de Jesse Renee Kennedy para Medill/Borderless Magazine Este verano, los representantes legales de menores no acompañados con sede en Chicago se enfrentan a recortes presupuestarios después de que el gobierno federal dejara caducar un contrato — una medida que llega tras meses de audiencias de inmigración aceleradas.
Esta primavera, dos hermanas se sentaron en silencio mientras otros niños jugaban y miraban a través de los estantes de libros y juguetes detrás de ellas. Las niñas, cuyo país de origen no ha sido revelado para proteger su privacidad, comparecieron virtualmente ante la jueza de inmigración de Chicago Elizabeth Crites, desde el albergue donde se alojaban.
Ana Elizabeth Souffront, abogada del National Immigrant Justice Center (NIJC, por sus siglas en inglés) con sede en Chicago, representaba a las niñas en el caso que determinaría si podían permanecer en los Estados Unidos. Souffront, quien asistió en persona a la corte de Crites, argumentó que el NIJC necesitaba más tiempo para evaluar las opciones de alivio, ya que una de las hermanas era de "tierna edad," es decir, menor de 13 años. Como para enfatizar este punto, la hermana menor se daba la vuelta periódicamente para jugar con juguetes y observar lo qué hacían los otros niños detrás de ella.
Crites se negó a extender el plazo y programó que las niñas comparecieran nuevamente en la sala del tribunal número ocho el 11 de mayo, apenas ocho días hábiles después. Eso significó que Souffront tuvo que esforzarse al máximo para preparar un escrito complejo que explicara el peligro que las niñas habían enfrentado y aún podían enfrentar en su país de origen, y por qué debían poder quedarse en los Estados Unidos.
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Afrontar el proceso ante el tribunal de inmigración puede ser un proceso difícil y traumático, incluso para los adultos. Los miles de jóvenes inmigrantes en los Estados Unidos sin padres ni tutores – como estas niñas – dependen de abogados dedicados como Souffront para que los representen. Pero en el futuro, dichos menores no acompañados tendrán más dificultades para encontrar representación legal, ya que el gobierno federal recortó drásticamente los fondos cruciales para esta labor.
El 31 de julio, un contrato entre la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) y una red de 100 organizaciones legales expiró, poniendo fin de facto a la financiación del NIJC y otras organizaciones sin fines de lucro legales con sede en Chicago que representan a menores en la corte de inmigración. Desde diciembre, la administración Trump se había negado a abonar a dichos grupos los $65 millones que se les adeudaban, en un intento por obligar a los abogados a revelar información confidencial sobre sus clientes menores de edad.
El vencimiento del contrato significa que los abogados del NIJC —que actualmente representan a cientos de niños— no pueden aceptar más clientes jóvenes, y el trabajo que sigan haciendo, como comparecer ante el tribunal, no será remunerado.
En una declaración por correo electrónico, la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) dijo que la oficina “prioriza la conclusión oportuna de todos los casos y realiza ajustes de programación según sea necesario para garantizar que los casos no se estanquen. Las demoras innecesarias perjudican tanto a los extranjeros con solicitudes legítimas como al público estadounidense que desea que los extranjeros con solicitudes sin mérito sean deportados lo más rápido posible. A medida que incorpore nuevos jueces de inmigración, la EOIR seguirá realizando ajustes de programación para garantizar que todos los casos se manejen de manera oportuna y conforme a la ley.”
La ley federal exige que los menores no acompañados que comparecen ante los tribunales de inmigración tengan acceso a representación legal. Ahora Burke Law Group, un bufete de abogados con sede en Houston, está configurado a hacerse cargo de todos los casos a nivel nacional. Pero la firma solo tiene 26 empleados y actualmente hay más de 26.000 menores no acompañados a nivel nacional.
El cambio al nuevo bufete de abogados también conlleva una pérdida de experiencia legal. Mientras que organizaciones como el NIJC se especializan en derecho migratorio y tienen una vasta experiencia en la representación de casos de menores, el sitio web de Burke afirma que el despacho se dedica a “litigios comerciales de gran envergadura y asesoramiento corporativo sofisticado.”
Michael Hoyt, abogado director del Immigrant Children’s Protection Project del NIJC, dijo que la representación que brindaban a los jóvenes inmigrantes estaba “financiada al 100% por este contrato que nos acaban de quitar.”
“El trabajo con niños no acompañados es realmente importante, punto,” dijo Hoyt. “Queremos participar en la realización de ese trabajo,” – pero sin los fondos federales, podría ser imposible.
Acelerando el caos
El recorte de fondos se suma a meses de turbulencia para los abogados que representan a menores no acompañados.
A finales de abril, los abogados de estos niños fueron informados de que los casos de sus jóvenes clientes se adelantarían semanas antes de lo programado anteriormente, en algunos casos con solo unos días de aviso, tal como observó Borderless en el tribunal de Chicago. Esta misma tendencia se observó en casos de inmigración de menores en todo el país – incluyendo Nueva York y Texas – en lo que los defensores consideraron un esfuerzo federal coordinado para acelerar la deportación de jóvenes inmigrantes.
“Menores no acompañados” son jóvenes inmigrantes menores de 18 años que se encuentran en EE. UU. sin estatus legal y sin la compañía de padres o tutores. Se encuentran bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, generalmente en hogares grupales financiados en parte por el gobierno y administrados por organizaciones privadas. Algunos de estos jóvenes tienen familiares en EE. UU. que quieren hacerse cargo de ellos, pero el gobierno federal ha endurecido el proceso de verificación de antecedentes para los familiares u otras personas que solicitan la custodia de los niños detenidos – en algunos casos deteniendo incluso a los posibles tutores.
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A partir de junio de 2026, más de 1,700 menores no acompañados a nivel nacional estaban bajo la custodia de la ORR, según datos proporcionados por la oficina, lo que significa que probablemente tienen casos en los “expedientes de menores detenidos” donde se tramitan dichos procedimientos.
A medida que los casos se aceleraron esta primavera y verano, los abogados trabajaron horas extra para presentar solicitudes de asilo y otros tipos de alivio antes de las audiencias aceleradas de sus jóvenes clientes. En la mayoría de los casos, los jóvenes están seguros en Estados Unidos mientras esperan conocer la decisión sobre sus solicitudes, según el NIJC.
Pero las prisas dificultaron la presentación de los mejores argumentos posibles para los niños y también conllevaron el riesgo de volver a traumatizarlos en el proceso. Mientras tanto, los recortes de fondos significan que en el futuro, miles de jóvenes inmigrantes pasarán por el sistema de tribunales de inmigración, cada vez más caótico, sin la ayuda de abogados que puedan dedicar tiempo sustancial y esmero a sus casos.
“Hay muchísimas incógnitas,” dijo Hoyt. “Es una situación de incertidumbre para niños que ya han estado marcados por la incertidumbre una y otra vez. Ha sido un momento muy, muy difícil.”
Laura Smith, abogada supervisora del Children’s Legal Center, calificó la tramitación acelerada de estos casos como parte de “una serie de cambios en las políticas destinadas a impedir que los niños dispongan del tiempo adecuado para solicitar y recibir permiso para permanecer en Estados Unidos,” así como una jugada política que podría seguir condicionando sus futuros.
Smith dijo que el procedimiento acelerado para casos de menores parece una reverberación de las políticas federales pasadas de la era Trump que han tenido como blanco a los menores no acompañados, en consonancia con acciones previas de la administración , como el traslado discreto de niños inmigrantes a aviones para deportarlos durante el fin de semana del Día del Trabajo a principios de septiembre de 2025.
“Existe un patrón y un historial de cambios en las políticas dirigidos a la expulsión acelerada de menores no acompañados,” dijo Smith, quien forma parte del grupo de 10 abogados del Children’s Legal Center que actualmente gestionan unos 5,000 casos abiertos, muchos de ellos relacionados con la atención a las necesidades de los jóvenes no acompañados. “Y este es solo un paso más en su plan.”
El mes pasado, el Texas Tribune informó que la administración de Trump podría estar intentando trasladar a menores no acompañados de diferentes tribunales a Texas para facilitar su deportación.
Incertidumbre para niños, abogados y jueces por igual
El 11 de mayo, la jueza Crites citó a Meghan Scholnick, abogada del NIJC, para comenzar la audiencia del día sobre casos de menores detenidos. Scholnick preguntó si el tribunal podía empezar con su colega Allison Gilroy, ya que Gilroy representaba a un niño enérgico.
“Es muy inquieto y muy pequeño,” dijo Scholnick con una sonrisa tímida.
El niño, que parecía de unos cinco años, apareció en la pantalla de video detrás de Crites. Era tan bajo que, durante la mayor parte de la audiencia, su rostro estuvo cubierto por los cuadros que mostraban a otros asistentes en la plataforma de videoconferencias Webex. Su cabello oscuro y rizado era lo único que se alcanzaba a ver.
En el pasado, los abogados de menores no acompañados solían tener meses para preparar sus casos. Pero Crites programó la siguiente audiencia crucial del niño para el 1 de junio, menos de un mes después, negando la petición del abogado de más tiempo para evaluar sus opciones. Cuando se le preguntó si el 1 de junio era una fecha de audiencia recientemente establecida, Crites confirmó que así era.
Cuando Borderless observó más de 12 horas de casos judiciales entre abril y junio de este año, Crites era la única jueza en la corte de inmigración de Chicago que manejaba casos relacionados con menores no acompañados. Había sido jueza de inmigración desde 2021, pero el 30 de julio, la administración Trump la destituyó en la oleada más reciente de medidas para reformar los tribunales de inmigración en todo el país.
Shawn Abraham, quien fue nombrado juez de inmigración el 21 de mayo, asumió los casos de menores que llevaba Crites. Los representantes legales y los defensores observan con cautela cómo afectará esta reorganización a los niños que ya se encuentran en procesos judiciales.
“Después de tantos años, se cuenta con una jueza que se ha ido acostumbrando a mantener el trato adecuado con los niños,” dijo Hillary Richardson, directora asociada del Children’s Protection Project del NIJC. “Una actitud amable y compasiva es muy importante, y simplemente desconocemos qué tipo de capacitación recibirá un nuevo juez.”
Parte de un patrón
Borderless observó audiencias de menores detenidos en la sala de la jueza Crites durante varios meses antes de que fuera apartada inesperadamente del cargo. Durante ese tiempo, con frecuencia les dijo a los jóvenes inmigrantes y a sus abogados que debían presentar solicitudes complejas de asilo u otra protección en un plazo de pocas semanas, o correr el riesgo de ser expulsado de los Estados Unidos.
La jueza Crites advirtió que, si no presentaban las solicitudes antes de sus próximas audiencias, programadas a menudo para mayo y junio, se considerarían abandonadas sus peticiones para permanecer en Estados Unidos.
En otras palabras, sus abogados tuvieron que apresurarse para cumplir con plazos que revestían una importancia crucial para el futuro de los niños. Y no podían presentar cualquier documento; dados los altos estándares para el asilo, las solicitudes deficientes reducen las probabilidades de que los niños logren finalmente obtener el derecho a permanecer en Estados Unidos.
Si los niños migrantes no acompañados son devueltos a sus países de origen, podrían enfrentarse a la misma pobreza, desigualdad o violencia de las que huyeron al venir a Estados Unidos. Y, en algunos casos, estos niños no cuentan con una familia estable o segura a la que regresar si son deportados.
“Se corre el riesgo de expulsar a niños que verdaderamente sufrirán daños o morirán si son retirados de los Estados Unidos,” dijo Smith, del Children’s Legal Center.
Los plazos más breves en los procedimiento judiciales para menores detenidos también dificulta que los abogados dispongan de tiempo para generar confianza con sus jóvenes clientes, y conlleva el riesgo de volver a traumatizar a los jóvenes al obligarlos, potencialmente, a relatar sus experiencias antes de estar preparados para ellos.
En el pasado, “nos tomaba de tres a cuatro citas tan solo para determinar la elegibilidad, porque lo último que quieres es que un niño se siente con un extraño que nunca ha conocido, diciendo, ‘Cuéntanos todas las cosas realmente horribles que te han pasado en la vida,’” dijo Smith.
Un proceso que antes tomaba meses y múltiples visitas a menudo se completaba en una sola sesión para cumplir con las restricciones de tiempo. Sin el tiempo necesario para conocer lenta y cuidadosamente el trauma y los daños que un niño pudo haber sufrido en su país de origen, preparar una solicitud de asilo eficaz puede ser imposible, aun cuando la protección sea sumamente necesaria.
La sólida red de Chicago
Los abogados que representan a los jóvenes en la corte de inmigración de Chicago forman parte de una red comunitaria sólida y de larga trayectoria en la ciudad, cuyo objetivo es proteger y empoderar a los inmigrantes.
Chicago ha consagrado los derechos de los inmigrantes mediante la Ordenanza de Ciudad Acogedora, mientras que las protecciones para los niños migrantes también están consagradas en la política de las Escuelas Públicas de Chicago, incluso a través del contrato del Sindicato de Maestros de Chicago.
El Young Center for Immigrant Children’s Rights proporciona a niños detenidos defensores especializados encargados de informar a los jueces sobre lo que más conviene a los intereses del menor, mientras que el NIJC y el Children’s Legal Center, han brindado desde hace mucho tiempo representación legal gratuita a los niños gracias a fondos provenientes de un contrato federal ya extinto.
Los defensores afirman que la red de apoyo legal de Chicago para los niños inmigrantes se encuentra entre las más sólidas del país. Es difícil analizar dichas tendencias —incluidas las tasas de representación por parte de abogados— en los casos de inmigración de menores, ya que los datos gubernamentales sobre dichos casos presentan deficiencias, según el Transactional Records Access Clearinghouse, un servicio nacional de datos de inmigración.
Pero la sólida red de Chicago ha sido visible durante mucho tiempo en la sala del tribunal, donde casi todos los menores no acompañados han tenido abogados a su lado durante años. En cambio, en la corte de inmigración de El Paso, El Paso Matters informó que, en un día de junio con audiencias aceleradas, solo seis de los más de 30 jóvenes contaban con abogados.
Tatiana Alonso es una abogada sénior del Young Center, que ha atendido a miles de niños en procesos de inmigración en todo el país. Dado que el Young Center no representa directamente a los niños en los tribunales, no se vio afectado por los recortes de fondos federales. Pero Alonso y sus colegas han sido testigos directos de las consecuencias de los cambios en la política federal.
Poco después de que se acelerara el trámite de los casos de menores detenidos en Chicago, se ordenó la deportación de un niño con quien Alonso había trabajado y que estaba representado por el NIJC. Fue un resultado sin precedentes en la experiencia de Alonso.
“Constantemente estamos pensando en lo que se ha hecho en este caso, y en qué podemos hacer para evitar otra orden de deportación,” lamentó. “Es una carga enorme, tanto emocional como mentalmente.”
Alonso y otros defensores afirmaron que solo mediante un esfuerzo en equipo han podido navegar por los rápidos cambios federales, como las fechas aceleradas en las cortes, y ayudar a que los niños inmigrantes no acompañados tengan una oportunidad de futuro en Chicago. Aunque la corte de inmigración sigue siendo inestable, representar a los niños sigue siendo de suma importancia tanto para los defensores como para los profesionales del ámbito jurídico.
“Vamos a seguir respondiendo por estos niños mientras nos sea razonablemente posible,” dijo Richardson de NIJC. “NIJC seguirá haciendo trabajo con niños, pero va a verse diferente.”
Julián González es un periodista de investigación y estudiante de maestría en la Escuela de Periodismo Medill de la Universidad Northwestern. Este reportaje se produjo como parte de una colaboración entre Borderless Magazine y el Medill Investigative Lab-Chicago.
