Kaylynn Kim para The Marshall Project Bajo Trump, EE. UU. envía cada vez más inmigrantes por toda la nación con poca antelación, dejando a familias y abogados sin saber dónde se encuentran.
Durante unos cinco días en diciembre, Abdullahi Mohamed pareció esfumarse en el sistema de detención de inmigrantes de Estados Unidos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo había detenido cerca de Portland, Maine, y lo mantuvo recluido por más de siete semanas en Massachusetts. Luego, sin previo aviso, ICE comenzó a trasladarlo repetidamente por todo el país, de un estado a otro y de una instalación a otra, más rápido de lo que su familia podía seguir. Las noticias sobre su paradero les llegaban en fragmentos: un correo electrónico de su abogado indicando que estaba en Mississippi; una llamada telefónica de la esposa de otro detenido que decía que estaba en Louisiana; y en un momento dado, una llamada del propio Mohamed —que duró unos dos minutos— desde un aeropuerto no revelado.
Su abogado explicó lo que estaba sucediendo. “Lo hacen ahora cada vez más — trasladando a las personas sin previo aviso,” le escribió a la familia en un correo electrónico. Las transferencias, explicó, pueden impedir que personas como Mohamed hablen con un abogado y dificultar la presentación de peticiones legales en la jurisdicción correspondiente, además de causar angustia a las familias. “Esto es crueldad,” escribió.
Las transferencias rápidas y repetidas se han vuelto más comunes en el segundo mandato del presidente Donald Trump, según reveló una investigación de The Marshall Project. Desde el último año de la administración Biden hasta el primer año del último mandato de Trump, el número de personas transferidas cinco veces o más se triplicó. El número de personas trasladadas a otro estado en un plazo de 24 horas aumentó más del doble, según un análisis de The Marshall Project basado en datos de detención del ICE obtenidos por el Deportation Data Project.
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Abogados de inmigración dicen que los muchos traslados no solo causan sufrimiento innecesario a las personas detenidas y a sus familias, sino que también han socavado significativamente las protecciones del debido proceso. Dado que los detenidos tienen acceso limitado a teléfonos mientras están en tránsito, y el sistema de localización de detenidos de ICE no siempre refleja su ubicación en tiempo real, los abogados de inmigración dicen que las transferencias rápidas pueden dejar a las personas inalcanzables durante horas o incluso días. Las familias pueden perder el rastro de sus familiares, mientras que a los abogados les resulta difícil localizar a sus clientes o hablar con ellos.
Durante esas brechas, dicen los abogados, algunos detenidos han sido presionados para firmar formularios que afecten sus casos de inmigración antes de poder hablar con un representante legal.
“Lo que suele pasar es que un abogado o un familiar se presenta para ver a alguien y se le dice, ‘Esa persona no está aquí, y no sabemos dónde está,’” dijo César Cuauhtémoc García Hernández, profesor de derecho de Ohio State University que se enfoca en la intersección del derecho penal y el de inmigración. “En la práctica, esa persona acaba de desaparecer mientras se encuentra bajo custodia del gobierno de los Estados Unidos.”
En una respuesta por correo electrónico a preguntas por escrito, un portavoz del ICE dijo que las acusaciones de que los traslados se están utilizando como “arma” son “categóricamente falsas,” y que “todos los detenidos gozan de debido proceso completo.” El portavoz también dijo que los detenidos tienen acceso a teléfonos para contactar a familiares y abogados, reciben una lista de abogados gratuitos o de bajo costo aprobada por la corte, y pueden ser “fácilmente” localizados por familiares, abogados y medios de comunicación a través del localizador en línea del ICE.
“A pesar de un número histórico de órdenes judiciales, el DHS está trabajando rápidamente y horas extra para trasladar a estos extranjeros de los centros de detención a su destino final— a casa,” dijo el portavoz.
Mohamed llegó a Estados Unidos desde Somalia en 1999 y solicitó asilo, según dijo a The Marshall Project. Los registros federales muestran que un juez de inmigración ordenó su deportación en 2001 y que su apelación fue desestimada en 2002. A Mohamed se le permitió permanecer en Estados Unidos durante años en un período en el que las deportaciones a Somalia eran difíciles de llevar a cabo, ya que el país no contaba con un gobierno central funcional y permanecía fracturado por la guerra civil. Bajo una orden de supervisión, debía presentarse periódicamente ante el ICE por más de dos décadas para mantener un permiso de trabajo válido. Pagaba sus impuestos y no tenía antecedentes penales, dijo su familia. Finalmente, se casó y se estableció en Maine, donde trabajaba como taxista para el otoño de 2025. El ICE lo detuvo en octubre cuando acudió a una de sus citas de control habituales.
Tras varias semanas detenido, desapareció. Las décadas que Mohamed había pasado construyendo una vida en Estados Unidos se desmoronaron en menos de una semana. La siguiente vez que su familia habló con él, llamaba desde Somalia. Había sido deportado.
Para su hermana, Saynab Mohamed, y su hija, Eza Nour, cada actualización llegaba demasiado tarde y nunca provenía directamente del ICE. “Creo que el propósito de todo esto era traumatizarnos,” dijo Nour, “y dejarnos una cicatriz duradera.”
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Los traslados han sido durante mucho tiempo una característica habitual de la detención de inmigrantes. El ICE utiliza una red de cientos de instalaciones en todo Estados Unidos y cuenta con un amplio margen de discrecionalidad para trasladar a personas por motivos de espacio en celdas, atención médica, seguridad y otras razones operativas. Pero durante el último año, según los abogados, esas mudanzas han cobrado mayor trascendencia debido a que el panorama jurídico en torno a la detención ha cambiado drásticamente.
En julio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional adoptó una nueva interpretación de una ley de inmigración de 1996: el ICE podía ahora tratar a las personas que habían entrado en los Estados Unidos sin haber sido admitidas formalmente por las autoridades migratorias como si fueran “extranjeros recién llegados” que solicitaban la admisión en la frontera, incluso si habían vivido aquí durante años antes de ser detenidos. Esto las hacía inelegibles para las audiencias de fianza ante los jueces de inmigración. Antes de este cambio, las personas podían pedirle a un juez que decidiera si representaban un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad, y si podían ser puestas en libertad mientras continuaba su caso de inmigración.
Entonces, en septiembre, la Junta de Apelaciones de Inmigración — un órgano administrativo dentro del Departamento de Justicia que establece precedentes para los tribunales de inmigración — hizo que esa interpretación fuera vinculante en todo el país, limitando en gran medida la capacidad de los jueces de inmigración para conceder la libertad y permitiendo que el ICE detenga a las personas indefinidamente.
Los abogados acudieron a los tribunales federales para presentar solicitudes de hábeas corpus con el fin de impugnar la autoridad del gobierno para mantener detenidos a sus clientes. A principios de este año, se presentaban más de 200 solicitudes diarias en todo el país. Sin embargo, las peticiones de hábeas corpus generalmente deben presentarse en el distrito federal donde una persona está detenida. Si alguien es trasladado antes de que un abogado presente la petición, esta debe ser presentada en la nueva ubicación, creando un ciclo en el que los abogados pueden tener dificultades para presentarla antes de que sus clientes sean trasladados nuevamente.
Al mismo tiempo, los tribunales federales están divididos respecto a la legalidad de la nueva política de detención del gobierno. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos, cuya jurisdicción abarca Texas, Luisiana y Misisipi, y que es ampliamente considerado como uno de los tribunales de apelación federales más conservadores , es uno de los dos que han respaldado a la administración en esta política. Esos tres estados también albergan el “Detention Alley,” un conjunto de centros que incluye 14 de los 20 centros de detención más grandes del país. Muchos de ellos se encuentran en zonas rurales remotas y, en conjunto, han contribuido a convertir a la región en un importante foco de detención y deportación en el sur. Durante el primer año del segundo mandato de Trump, casi tres cuartas partes de las personas deportadas por el ICE habían estado detenidas por última vez en un estado bajo la jurisdicción del 5º Circuito.
Según los abogados, los traslados ahora pueden tener consecuencias legales inmediatas. El lugar al que ICE envía a una persona suele determinar dónde se presenta la petición de hábeas corpus y qué tribunal la examina. “Están tratando de llevar a tantas personas como sea posible al Quinto Circuito,” dijo Dan Gividen, un abogado de inmigración con sede en Texas que fue asesor jurídico adjunto del ICE de 2016 a 2019. “No sorprende en absoluto que ICE, [que] en muchos sentidos puede elegir el foro y el juez, esté enviando a personas a este circuito.”
Los traslados rápidos a otros estados se han vuelto más comunes. Durante el primer año de Trump de vuelta en el cargo, ICE trasladó a casi 41.700 personas a otro estado en menos de 24 horas, más del doble que el año anterior, según un análisis de datos de detención realizado por The Marshall Project. La agencia trasladó rápidamente a más de 1 de cada 10 personas fuera del estado durante el primer día de su detención.
Los abogados pueden tener muy poco tiempo para responder, dijo Cassandra Charles, abogada sénior del National Immigration Law Center. “Parece que las personas están siendo transferidas de jurisdicciones más favorables a otras menos favorables,” dijo. “Eso pone a los abogados en posiciones donde tienen que presentar trámites muy rápidamente.”
Para cuando un abogado está listo para actuar, es posible que el caso ya corresponda a otro tribunal. “Es como si te quitaran la alfombra debajo de los pies,” dijo.
Un movimiento tras otro alteraba constantemente las circunstancias del caso de Diana Elizabeth Cartagena Hueso. Hueso y su esposo fueron detenidos en Elizabeth, Nueva Jersey, el 27 de enero mientras se dirigían a una cita médica, según un dictamen de un tribunal federal del 26 de febrero que le concedía la libertad. Hueso, ciudadana salvadoreña de 29 años, había superado en 2016 una entrevista de miedo creíble, una evaluación que le permitió continuar buscando protección en Estados Unidos. Presentó una solicitud de asilo en 2017, según su abogada, Noemi Simbrón.
Hueso contrató a Simbron como su abogada unas semanas después de ser detenida. “[Debido a que] mueven a la gente muy rápido, me comprometo con los clientes [que] me contratan a presentar un hábeas corpus dentro de 24 horas,” dijo. Simbron presentó la petición desde un avión el 13 de febrero.
Cuatro días después, un juez federal en Nueva Jersey ordenó al gobierno conceder a Hueso una audiencia de fianza en un plazo de 10 días y, mientras tanto, prohibió al ICE trasladarla fuera del estado.
Pero ya era demasiado tarde. Según los expedientes judiciales, ICE la había trasladado a Oklahoma el día anterior a la orden judicial. El 17 de febrero — el mismo día que el tribunal dijo que no podía ser trasladada — la transfirieron de nuevo, esta vez a Texas. Dos días después, ICE la envió nuevamente a Oklahoma. Simbron dijo que, posteriormente, Hueso fue trasladada dos veces más dentro de Texas, sumando un total de cinco traslados antes de que finalmente fuera liberada. Estuvo detenida aproximadamente un mes.
En el fallo, el juez criticó el manejo por parte del gobierno de los traslados de Hueso, señalando que los funcionarios nunca aclararon por qué había sido “trasladada tres veces en dos días.” Su caso, escribió, reflejaba un patrón más amplio de inmigrantes siendo “movidos repetidamente por todo el país sin previo aviso ni explicación.” La conducta del gobierno “ahora solo puede considerarse intencional,” concluyó el juez.
Durante los traslados de Hueso, su abogada y su familia tenían poca idea de dónde estaba Hueso, dijo Simbron. “La trasladaban tantas veces, era simplemente aterrador, la velocidad con la que la movían,” añadió. Simbron actualizaba repetidamente la herramienta de localización de detenidos, llamaba a la oficina del fiscal de los Estados Unidos y esperaba una llamada de Hueso. En una ocasión, dijo Simbron, Hueso logró hacer una única llamada telefónica de tres minutos a su familia para decirles que la habían trasladado. Pero como su abogada, Simbron no tuvo la oportunidad de hablar con ella durante estos traslados, dijo.
Hueso declinó hablar con The Marshall Project porque su caso de inmigración sigue activo. Simbron habló en su nombre, explicando que después de su liberación, Hueso dijo que los continuos traslados le causaron miedo y frustración. Hueso sabía de la orden del juez y no dejaba de mencionársela a los oficiales, quienes le decían que “se iba a casa,” dijo Simbron. Al principio, pensó que se referían a Nueva Jersey. Finalmente, se dio cuenta de que se referían a El Salvador.
“Era como juegos mentales y manipulación psicológica,” dijo Simbron.
Las brechas de comunicación pueden acarrear consecuencias graves si el ICE pide a las personas que tomen decisiones fundamentales sobre sus casos —incluyendo si deben seguir luchando, aceptar la deportación o firmar documentos que podrían no entender por completo— sin poder hablar con un abogado.
En un caso ocurrido el otoño pasado en Oregón, que involucraba a trabajadores agrícolas detenidos en Woodburn y sus alrededores, la abogada Kelsey Provo escribió en una declaración judicial federal que ella y sus colegas se apresuraron a asesorar a los detenidos porque, por experiencia previa, sabían que “ICE saca a las personas de las instalaciones rápidamente.” Provo agregó que “tanto antes como después de la transferencia, ICE presiona a las personas para que firmen documentos renunciando a derechos importantes.”
Una de las detenidas era una mujer identificada en los registros judiciales como M-J-M-A, una ciudadana mexicana de 45 años arrestada el 30 de octubre de camino al trabajo. Ella y más de dos docenas de personas más fueron llevadas a las instalaciones del ICE en Portland, donde Provo y sus colegas esperaron aproximadamente una hora antes de reunirse con la primera detenida. M-J-M-A había entrado al país legalmente en enero de 2025 y se había quedado más tiempo del permitido en su visa, según el gobierno indicó en un documento judicial. En su propia declaración, ella escribió que temía regresar a México y que tenía la intención de solicitar asilo.
Para cuando Provo y su colega se reunieron con ella al mediodía, M-J-M-A ya había sido obligada por un oficial del ICE a firmar un documento que no entendía, según su declaración. El oficial también le dijo que si no aceptaba ser expulsada voluntariamente, “pasaría mucho tiempo antes de que [ella] pudiera salir.”
El documento que firmó estaba en español. Es un formulario rutinario que se pide completar a las personas detenidas y a quienes están sujetas a procedimientos de inmigración. Detalla los derechos de un detenido y le pide que elija cómo quiere que proceda su caso. M-J-M-A seleccionó la opción en el formulario que renunciaba a su derecho a una audiencia ante el tribunal de inmigración y solicitaba regresar a su país de origen lo antes posible.
Provo dijo que una persona tiene derecho a consultar a un abogado al responder las preguntas del formulario “porque están tomando decisiones importantes sobre el futuro de sus derechos y qué derechos quieren ejercer y qué derechos quieren renunciar.”
Semanas después, en una audiencia probatoria, el oficial de ICE que había presentado el documento a M-J-M-A “no pudo traducir líneas del formulario que afirmó haber discutido y explicado,” con ella, escribió el juez en una resolución posterior. El testimonio del oficial planteó “serias dudas sobre la calidad y profundidad de las comunicaciones” con M-J-M-A “mientras consideraba sus derechos al debido proceso y tomaba decisiones vitales,” escribió el juez.
Cuando Provo y su colega finalmente se reunieron con M-J-M-A, tuvieron unos 10 minutos antes de que un oficial pusiera fin a la reunión, dijo Provo en su declaración. Poco después, oficiales del ICE esposaron a M-J-M-A y la subieron a un autobús con destino a Tacoma, Washington. Pasaría casi un día completo antes de que apareciera en el sistema de localización de detenidos, y la primera oportunidad que tuvieron sus abogados para reunirse con ella fue aproximadamente dos días después.
Para entonces, Provo estaba cada vez más preocupado de que M-J-M-A, sin acceso a asesoría legal, pudiera firmar documentos que afectaran su caso.
Pero como los abogados de M-J-M-A habían presentado una petición de hábeas corpus tan solo ocho minutos antes de que fuera trasladada fuera del estado, el caso permaneció ante un tribunal federal en Oregón. Hellgren, quien trabajó con el equipo legal en ese momento, dijo que eso significaba que M-J-M-A podía ser liberada y que todavía era posible que un tribunal interviniera y examinara lo que le había sucedido. Sin esa intervención, lo que sucedió en su caso podría haber permanecido oculto, dijo Hellgren.
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Mohamed fue trasladado tan rápidamente durante los últimos días de su detención que las limitadas opciones que su abogado y su familia estaban gestionando nunca tuvieron la oportunidad de materializarse. Ya no intentaban reabrir el caso relacionado con su antigua orden de deportación, sino que buscaban lograr su liberación para que tuviera suficiente tiempo para poner sus asuntos en orden antes de salir del país. En correos electrónicos a la familia a mediados de diciembre, su abogado escribió que ICE no había respondido a esas solicitudes a pesar de semanas de llamadas y correos electrónicos. Tampoco sabía si el gobierno había obtenido los documentos de viaje necesarios para deportar a Mohamed, incluso mientras la familia intentaba determinar si aún quedaba tiempo para presentar una petición de hábeas corpus.
Luego, de repente, el ICE empezó a trasladar a Mohamed por el país. Finalmente, llamó a su familia desde Mogadiscio y les relató su viaje de deportación. En aproximadamente cinco días, les dijo, el ICE lo había enviado de Massachusetts a Mississippi, luego a Luisiana y después a Texas. Desde allí, abordó un vuelo de deportación que cruzó varios países de África Occidental, Central y Oriental, hasta que finalmente aterrizó en Somalia. Dijo que había sido golpeado y encadenado, y que había soportado largos períodos sin comida ni agua.
“No tengo familia aquí,” dijo Mohamed a The Marshall Project desde Mogadiscio. “Nada. Ningún futuro.”
Desde su deportación, su esposa ha estado escondida debido a su propio estatus migratorio. Pasó horas al teléfono con Mohamed, tratando de averiguar cómo ayudarlo y qué quedaba del futuro que planeaban juntos, dijo Saynab Mohamed. “Cuando tu compañero de vida se va, te sientes un poco perdida,” dijo.
Abdullahi Mohamed dijo que no tiene manera de mantenerse en Somalia, un país en el que no ha vivido durante décadas. Sus padres han fallecido, y Saynab Mohamed, su única hermana con vida, es la razón principal por la que había construido una vida en Estados Unidos. Para ayudar a sufragar los gastos médicos y legales, su familia ha establecido una campaña en GoFundMe.
En el primer año del segundo mandato de Trump, el ICE detuvo y deportó a 13.500 personas de manera muy similar a Mohamed. En el plazo de una semana, estas personas eran trasladadas desde la instalación donde habían permanecido detenidas durante un periodo prolongado y luego enviados a una serie de otras instalaciones antes de ser deportados. Esta cifra duplica con creces el número de personas que el gobierno de EE. UU. había deportado de manera similar durante el año anterior, un aumento que superó con creces el incremento en el número total de personas detenidas por el gobierno.
Según las normas nacionales de detención de la agencia para 2025, al decidir sobre una traslado, el ICE tiene en cuenta si un detenido cuenta con representación legal ante el tribunal de inmigración. El ICE considerará alternativas a la traslado, especialmente si el abogado está cerca y los procedimientos judiciales están en curso. Los estándares también dicen que a los detenidos no se les informa sobre un traslado hasta justo antes de que abandonen el centro, cuando el ICE les notifica que están siendo trasladados a otro centro en los EE. UU. y no están siendo deportados. Luego se les proporciona la información de contacto del nuevo centro por escrito, y los estándares dicen que el ICE se pondrá en contacto con el abogado registrado.
Pero gran parte del proceso que ICE utiliza para decidir cuándo y dónde trasladar a una persona sigue siendo opaco, dicen los abogados.
“Las reglas no son en absoluto claras,” dijo Hellgren, quien formó parte del equipo legal que demandó al ICE el año pasado para obtener documentos que explican cómo la agencia decide dónde detener y cuándo transferir a las personas bajo su custodia. “Ni siquiera sabemos todas sus propias políticas debido a la falta de transparencia en este asunto,” dijo.
Durante el litigio del año pasado, ICE finalmente produjo un conjunto limitado de documentos, incluyendo una “lista de verificación de traslado de detenidos” de tres páginas usada cuando la agencia traslada a alguien fuera de su “área de responsabilidad,” lo que significa la región geográfica supervisada por una oficina local. La lista de verificación instruye a los oficiales a documentar si el detenido tiene un abogado registrado en esa región, vínculos familiares inmediatos o un caso judicial pendiente. Si alguno de esos factores aplican, un funcionario superior debe aprobar el traslado. El formulario también indica que los abogados deben ser notificados de una transferencia “tan pronto como sea factible” y no más de 24 horas después de que ocurra.
En su experiencia, Hellgren no ve ninguna evidencia de que se estén considerando esos factores. “La velocidad de los traslados es tan extrema,” dijo, “es difícil entender cómo podrían estar considerando estos factores.”
A fines de marzo, un juez federal en Minnesota prorrogó una orden que prohibía al ICE trasladar a personas fuera del estado durante las primeras 72 horas de detención, una restricción destinada a evitar que los traslados rápidos desconecten a los detenidos de sus abogados. La orden también exigía al ICE mantener actualizado el sistema de localización y exigía acceso telefónico gratuito y privado a los detenidos, informándoles al mismo tiempo a dónde serían trasladados. Los abogados dicen que reformas más amplias podrían seguir la misma lógica al exigir al ICE que notifique a las personas la ayuda legal disponible tan pronto como sean detenidas, y que proporcione el tiempo y el espacio privado para reunirse con abogados, interpretación cuando sea necesaria y acceso a la documentación relevante del arresto y la detención antes de que sean trasladados.
Después de la repentina expulsión de Mohamed, su familia voló a Maine para recoger su carro y conducirlo de regreso a Carolina del Norte, donde viven. Tuvieron que resolver los trámites del título de propiedad y el resto de sus pertenencias, dijo Nour.
En el camino, llamaron a Mohamed para que los guiara por las carreteras de memoria. “Es estadounidense, nos está explicando las carreteras,” dijo Nour. “Él las conoce mejor que nosotros.”
Metodología
The Marshall Project analizó datos de estadía en detención de ICE obtenidos y procesados por el Deportation Data Project.
Cada fila de datos representa un período de detención, el tiempo de confinamiento de una persona en una sola instalación. Muchas personas tienen múltiples períodos de detención, ya que son transferidas de una instalación a otra durante su estancia en detención. Los datos incluyen un identificador único para cada persona. Algunas personas estuvieron detenidas durante múltiples estancias en el período que abarcan los datos.
Comenzamos nuestro análisis agrupando los periodos de estancia en estancias completas, contando dichos periodos y calculando posteriormente el tiempo transcurrido entre las fechas de entrada y salida de la estancia de la persona, así como entre las fechas de entrada y salida de cada periodo individual.
Los datos del Deportation Data Project contienen registros de personas detenidas entre el 1 de octubre de 2022 y el 11 de marzo de 2026. Analizamos los periodos de detención iniciados durante el primer año de la segunda administración Trump (del 20 de enero de 2025 al 19 de enero de 2026) y el último año de la administración Biden (del 20 de enero de 2024 al 19 de enero de 2025).
Para identificar a los detenidos trasladados rápidamente a un estado diferente, organizamos los periodos de estancia según la fecha de ingreso y localizamos el primer periodo que tuviera lugar en un estado distinto al inicial. Luego calculamos la duración entre la fecha de ingreso y la fecha de salida antes de que fueran transferidos por primera vez a otro estado. Si esa duración era inferior a un día, la estancia se incluyó en el recuento de transferencias rápidas. Contamos los identificadores únicos dentro de ese conjunto de estancias para determinar cuántas personas fueron objeto de estos traslados rápidos a otros estados.
Para identificar a las personas que fueron trasladadas rápidamente antes de su deportación, The Marshall Project identificó las estancias donde el motivo de la liberación indicaba deportación. Luego, identificamos la estancia más larga de al menos 30 días y calculamos la duración entre la fecha y hora de salida de esa estancia y la fecha y hora de salida de toda la estancia. Si esa duración fue menor a siete días y la persona estuvo detenida en al menos dos instalaciones después de su estancia más larga, fue incluida en el conteo.
También analizamos todo el período de tiempo cubierto por los datos, comparando todos los registros de ingreso disponibles previos al inicio de la segunda administración de Trump con todos los posteriores, y encontramos tendencias similares.
