R. Taylor Robinson para Medill/Borderless MagazineLa administración del presidente Donald Trump está utilizando un recurso legal poco conocido para expulsar a los solicitantes de asilo sin una audiencia hacia terceros países desconocidos como Ecuador y Uganda.
En una tarde nublada de abril, Juan Pabón y su esposa Joseline De Caires de Pabón se sentaron en una mesa pegajosa en un McDonald's del vecindario Uptown de Chicago.
Afuera, la bandera de las barras y las estrellas ondeaba sobre los arcos dorados. Adentro, el tema “Shake It Off” de Taylor Swift sonaba en los parlantes del restaurante.
Este es un mundo aparte de la realidad que Pabón y su familia soportaron para encontrarse en la seguridad relativa de este McDonald’s algo descuidado.
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Pabón, un agricultor venezolano, cruzó el peligroso Tapón del Darién hace cuatro años con su esposa y sus dos hijas pequeñas para solicitar asilo en Estados Unidos.
Ahora, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha ordenado su expulsión a Ecuador —un país en el que nunca han estado— sin escuchar su caso. Esto, a pesar de que solicitaron la entrada a EE. UU. utilizando la aplicación CBP One del gobierno, en cumplimiento con la política federal.
“El presidente Biden, había ordenado para que los migrantes acataran a esos reglamentos. Y nosotros entramos esto prácticamente obedientes a esa norma,” dijo Pabón en español. Así que el hecho de que no puedan presentar su caso de asilo, continuó, “me parece como un engaño.”
Pabón y su familia se encuentran entre los miles de inmigrantes que ingresaron legalmente durante la administración de Biden y que ahora están en medio del fuego cruzado mientras el presidente Donald Trump desmantela las regulaciones que su predecesor implementó en un sistema migratorio que ya, de por sí, era difícil de navegar.
El Migration Policy Institute estima que la administración de Trump ha tomado más de 500 medidas sobre inmigración solo en su primer año.
Entre los cambios resultantes incluyen el que experimentaron Pábon y su familia: la cancelación de los casos de asilo antes de que tengan la oportunidad de ser escuchados, con los solicitantes de asilo enviados a un tercer país, como Ecuador.
El principio legal poco conocido que permite esta maniobra se llama motion to pretermit.
Según el DHS, estas mociones para omitir el trámite se justifican por la existencia de Acuerdos de Cooperación en materia de Asilo que ciertos países, como Ecuador, han firmado con la administración Trump, aceptando recibir solicitantes de asilo de EE. UU.
Antiguamente, estas mociones rara vez se usaban. Pero entre noviembre y marzo, cuando el DHS recomendó que sus abogados suspendieran la táctica, se convirtieron en una herramienta poderosa para que la administración de Trump cumpliera con sus objetivos de deportación.
En mayo de 2025, el sistema de tribunales de inmigración revisó aproximadamente 360,000 casos a nivel nacional, y el DHS presentó 361 motions to pretermit. En enero de 2026, de un total de unos 345,000 casos, el DHS presentó 19,325 motions to pretermit.
Casos de motions to pretermit presentados por el DHS en los tribunales de inmigración de todo el país desde mayo de 2025 hasta mayo de 2026. Esta tabla se basa en datos de casos directamente de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración. R. Taylor Robinson/Medill
La trayectoria de Pabón
Pabón es del pequeño pueblo de Cordero, Táchira, en el oeste de Venezuela, donde trabajaba y vivía en una granja.
Cultivaba flores, como lirios, además de papas, frijoles y chícharos. Pero, sobre todo, amaba a los animales que criaban: vacas, cerdos, gallinas y los perros callejeros que deambulaban por su vecindario.
Luego, el 3 de diciembre de 2003, su mundo idílico se derrumbó. La madre y el hermano de Pabón, junto con una tercera persona, fueron secuestrados por hombres armados en una camioneta. Denunció su desaparición a las autoridades, pero su madre y su hermano nunca volvieron a ser vistos.
Pabón y su familia comenzaron a recibir llamadas amenazantes en las que les exigían dinero a cambio de sus familiares. Él les pagó y pidió pruebas de que estaban vivos, pero nunca se las proporcionaron. Nunca encontró a su madre ni a su hermano.
Pabón cree que fueron llevados por miembros de el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana. Presentó una demanda ante el sistema judicial venezolano, ya que estaba decidido a obtener justicia por su madre y su hermano, pero no obtuvo resultados.
Habló con los medios sobre su creencia de que el gobierno estaba involucrado y sus hijas recibieron visitas en la escuela, lo cual la familia tomó como una amenaza.
Cuando comenzó a temer por la seguridad de su esposa y sus dos hijas en edad escolar, Pabón decidió huir del país con ellas y emprender el peligroso viaje hacia EE. UU.
Pabón afirmó que su decisión estuvo motivada, en parte, por su deseo de llevar los casos de su madre y de su hermano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D. C.
En junio de 2022, Pabón y su familia comenzaron una travesía que duraría un año.
“No fue cómodo abandonar el espacio donde nacimos, crecimos, estudiamos, donde estaban los amigos,” dijo a Borderless en español De Caires de Pabón, la esposa de Pabón.
Tomaron un autobús a Colombia, pero rápidamente se toparon con problemas. Soldados colombianos les quitaron todo el dinero que ellos y decenas de otras familias habían llevado consigo, obligándolos a enfrentar la larga y difícil caminata que tenían por delante sin nada.
Para llegar a México, primero tuvieron que cruzar el Tapón del Darién, un tramo de naturaleza agreste y peligrosa de unas 66 millas entre Panamá y Colombia. Esta barrera natural sin carreteras entre América del Norte y América del Sur está llena de fauna y flora peligrosas, además de estar plagada de traficantes de personas y de drogas violentos. A pesar de ello, para los cientos de miles de inmigrantes que lo cruzan cada año, es la única ruta terrestre viable hacia Estados Unidos.
Una noche, en medio de su travesía por la selva, Pabón dijo que una de sus hijas, Ana de Dios, cayó en un profundo hueco, lesionándose la cadera y casi rompiéndose la columna. No podía caminar y tuvieron que cargarla.
Tuvieron que pasar la noche al pie de un árbol gigantesco. Al día siguiente se reagruparon bajo la lluvia y siguieron avanzando con dificultad, con su hija aún herida.
Él dijo que caminaron durante 11 días desde las 6 a. m. hasta el anochecer. Cruzaron ríos profundos y vieron a personas ahogarse.
Al otro lado de la selva, avanzaron a través de Centroamérica. Realizaban trabajos humildes como limpiar casas y lavar platos en cada país para ganar lo suficiente para comer y pagarle a un conductor que los acercara un paso más a los Estados Unidos.
A pesar del duro viaje, cuando llegaron a la frontera entre Estados Unidos y México en Juárez, Pabón estaba decidido a que la familia siguiera las reglas establecidas por Estados Unidos.
Descargaron la aplicación CBP One y llenaron los formularios necesarios para ingresar a EE. UU. y solicitar asilo. Esperaron su cita con el gobierno estadounidense, viviendo en la calle o, en ocasiones, en los hogares de mexicanos generosos en Juárez.
En cierto momento, la situación en la frontera se convirtió en un caos total, según Pabón. Pero aun así, mantuvo la paciencia.
“Abrieron por el muro, abrieron varios portones donde la gente llegaba y pasaba, todo el mundo se cruzaba,” dijo Pabón. “ A mí me decían, 'Viejo, usted está loco, salga de ahí con las niñas, vamos a cruzarnos.’ Yo le dije, ‘No, yo voy a esperar mi aplicación, yo voy a aplicar mi CPB one.'”
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De Caires de Pabón obtuvo permiso para ingresar en marzo de 2023 por Arizona. A Pabón y a sus dos hijas se les indicó que ingresaran por El Paso en junio del mismo año.
Al ingresar a EE. UU., Pabón y su familia se mudaron a Chicago para completar sus trámites migratorios.
Cuando Pabón y su familia finalmente se sentaron ante el juez en la corte de inmigración de Chicago el 20 de febrero de 2026, él estaba preparado. Tenía recortes de periódicos sobre los secuestros, documentos de sus procedimientos legales en Venezuela y su solicitud de asilo a la mano.
Luego, el DHS solicitó que se omitiera el trámite del caso y se enviara a la familia a Ecuador.
Tenían 20 días para presentar una respuesta en inglés explicando por qué no debían ser enviados a Ecuador. Desde entonces, han presentado la respuesta con éxito, pero solo con la ayuda de un abogado que la familia apenas puede pagar.
Si bien Pabón se había preparado extensamente para explicar por qué la familia no estaría segura si regresaba a Venezuela, teme que también puedan enfrentar peligro en el país sudamericano cercano.
Los migrantes venezolanos dicen que experimentan discriminación —y peligro— en muchos países latinoamericanos, al igual que lo hacen en EE. UU., debido a las tensiones en torno al aumento de la inmigración y las asociaciones xenófobas con bandas como el Tren de Aragua. Por lo tanto, muchos venezolanos temen ser blanco de violencia o abusos en Ecuador, a pesar de que no está lejos de su propia nación.
“¿Qué nos garantizan ellos allí de que a nosotros allí no nos vaya a pasar nada?” cuando la familia llegue a Ecuador, preguntó Pabón. “Si esto es un país que hay democracia, hay libertad y hay justicia, aquí tienen que correr responsabilidades.”
Una 'motion to pretermit'
El concepto de pretermisión no es nuevo.
Las normas que permiten la pretermisión han existido durante años, pero hasta el mandato actual de Trump, no se utilizaban con frecuencia, dijeron abogados a Borderless.
En febrero, de los casos que observó Borderless, el 32% fueron objeto de pretermisión.
Apenas semanas antes de que Pabón y su familia recibieran sus órdenes de pretermisión, Borderless observó a otro solicitante de asilo venezolano, quien permanecerá en el anonimato para proteger su identidad, mientras se paraba sobre su única pierna restante en la sala de la jueza Gina Reynolds en Chicago, preparado para presentar su caso de asilo. Había venido a EE. UU. debido al temor a la persecución en Venezuela, y había perdido una pierna en un accidente de camión mientras estaba en EE. UU.
El caso fue omitido, y el DHS recomendó que el hombre fuera expulsado a Ecuador. Al solicitante de asilo y a sus abogados se les dio menos de 10 días para responder.
El abogado argumentó que, en Ecuador —un país en el que nunca había estado— un hombre venezolano con una pierna amputada enfrentaría no solo discriminación por ser venezolano, sino también barreras sistémicas como persona con una discapacidad permanente y debilitante.
A pesar de las protestas del abogado del hombre, el abogado del DHS argumentó que todos los puntos presentados eran especulaciones, debido a que el hombre nunca había estado en Ecuador y, por lo tanto, no podía saber con certeza que estaría en peligro allí.
Las generalizaciones y los temores especulativos no se aceptan como prueba en la corte de inmigración, según Bethel Erastus, profesor de derecho internacional en la Universidad de Aurora y miembro del equipo legal del solicitante de asilo. Dijo que una defensa exitosa contra las mociones que buscan desestimar el caso y enviar a los inmigrantes a un tercer país prácticamente requiere que el interesado haya vivido en el tercer país y haya sufrido persecución allí.
“Es muy difícil ganarlo desde la perspectiva del interesado," dijo Erastus. "Es muy difícil decir, 'Se me causará un daño si me envían a Ecuador.' ¿Cómo lo sabes? ¿Nunca has estado ahí?"
En febrero, Borderless observó a una solicitante de asilo colombiana, que permanecerá en el anonimato para proteger su identidad, y a su familia mientras asistían a una audiencia de inmigración a través de la plataforma de video Webex. Lo que debería haber sido una revisión de rutina rápida dio un giro grave.
El abogado del DHS presentó una moción para omitir el caso y recomendó que la familia fuera deportada a Ecuador.
La mujer negó lentamente con la cabeza de un lado a otro. “Qué vergüenza, qué vergüenza,” dijo.
Vanessa Dojaquez-Torres, abogada especializada en políticas y práctica de la American Immigration Lawyers Association, dijo que cree que la desestimación de casos, junto con la expulsión a un tercer país, se está utilizando como “una táctica de intimidación” para inducir a las personas a autodeportarse.
Unos meses después de que la administración de Trump descontinuara la aplicación CBP One que Pabón y muchos otros habían utilizado para ingresar legalmente a EE. UU., la aplicación fue reintroducida con un nuevo nombre: CBP Home. Ahora facilita la autodeportación.
Las personas pueden decidir irse “voluntariamente” porque la deportación derivada de la desestimación de un caso de asilo “conlleva muchas consecuencias sobre la posibilidad de volver a emigrar legalmente a los EE. UU. en el futuro,” explicó Dojaquez-Torres.
Ella agregó que, aunque volver a emigrar a los EE. UU. después de haber sido expulsado no es imposible, es “muy poco probable, dependiendo de tus circunstancias.”
“De cualquier manera, el gobierno obtiene lo que quiere, que es una reducción de los migrantes que quieren quedarse aquí,” dijo Erastus.
Tras recurrir frecuentemente a la pretermisión y la expulsión a terceros países a lo largo de unos meses, el DHS cambió de estrategia nuevamente y suspendió abruptamente las pretermisiones que Borderless había observado en las salas de los tribunales de Chicago.
Un memorando del Departamento de Seguridad Nacional fechado el 12 de marzo obtenido por el Seattle Times instaba a los abogados del gobierno que dejaran de desestimar prematuramente las solicitudes de asilo basándose en el envío de personas a terceros países seguros. Pero sigue sin estar claro si se trata de una medida temporal o permanente, y los solicitantes con casos desestimados de esta manera aún tendrán que defenderse de la expulsión a terceros países.
Según Dojaquez-Torres, a pesar de la pausa, los abogados observan que los casos de asilo se siguen desestimando y las expulsiones a terceros países siguen ocurriendo. La única diferencia es que ahora los abogados del DHS necesitan una razón además de la existencia de Acuerdos de Cooperación en materia de Asilo para desestimar un caso. Dichas razones podrían variar desde una solicitud incompleta hasta una sola casilla pasada por alto, afirmó.
El sueño estadounidense
En enero, Luciano Pedota nunca había oído hablar de la pretermisión hasta que se topó con el caso de un venezolano en Chicago con su esposa y dos niñas.
“Él quería pagar un abogado. No quería uno de esos pro bono,” dijo Pedota, quien dirige la Alianza Venezolana en Illinois con sede en Chicago. “Tenía trabajo. Él dice: ‘Yo trabajo y puedo pagar.’”
Ese hombre era Pabón.
Pabón acudió a la Alianza Venezolana en Illinois en busca de ayuda tras su cita en la corte.
Cuando Pedota se enteró de la pretermisión, quedó anonadado. Él mismo había emigrado a EE. UU. hace 32 años con una visa de estudiante, y se quedó gracias a una serie de tres visas de trabajo antes de obtener finalmente la ciudadanía.
“Creo que alcancé a capturar lo último del sueño estadounidense en lo que respecta al camino para convertirse en ciudadano de los Estados Unidos de América,” dijo Pedota. Le consternaba ver llegar a personas “con las mismas aspiraciones que yo tenía hace 30 años—y de alguna manera esas aspiraciones se veían truncadas.”
Pabón y su familia trabajan ahora con un abogado, al que tuvieron que pagarle $11,500 para que respondiera en su nombre a la moción de preterición, dijo Pabón.
El 24 de junio, Pabón, junto con su familia y su abogado, regresó a la sala del juez Curran para impugnar dicha moción.
El 10 de julio, Curran aprobó la moción para omitir el procedimiento y ordenó su expulsión a Ecuador.
La familia de Pabón tiene 30 días a partir de esa fecha para apelar la decisión ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés). Su abogado está preparando la apelación, pero le costará otros $1,030. Si no se presenta una apelación, el juez emitiría una orden de expulsión el día 31. Es probable que las probabilidades estén en su contra. Al igual que los propios tribunales de inmigración, la junta forma parte del Departamento de Justicia, bajo la jurisdicción del poder ejecutivo, y la administración Trump ha reducido el tamaño de la junta y ha reemplazado a sus jueces.
Los inmigrantes pueden apelar las decisiones desfavorables de la BIA ante los tribunales federales de circuito. Pabón todavía tiene fe en los mecanismos de pesos y contrapesos de este país.
“Aquí no estamos viviendo en una dictadura, esto es un país donde hay separación de las instituciones del estado,” dijo Pabón. “El día que esto se pierda aquí entonces aquí no hay democracia.”
Taylor Robinson es estudiante de posgrado en periodismo en la Escuela de Periodismo Medill de la Universidad Northwestern. Este reportaje se elaboró como parte de una colaboración entre Borderless Magazine y el Medill Investigative Lab-Chicago.
