Colin Boyle/Block Club ChicagoUna coalición de presuntas víctimas y defensores de inmigrantes presentó el lunes nueve denuncias policiales contra agentes federales vinculados a la Operación Midway Blitz del otoño pasado.
Esta historia fue originalmente publicada en Block Club Chicago, una sala de prensa sin fines de lucro enfocada en reportar sobre los vecindarios de Chicago. Suscríbete a su boletín diario gratuito.
NORTE DE CHICAGO — Residentes que afirman haber sido víctimas de conductas indebidas durante la Operación Midway Blitz —junto con abogados y defensores de los derechos de los inmigrantes en Chicago— intensificaron el lunes una campaña de meses en busca de rendición de cuentas a nivel local al presentar nueve denuncias policiales que alegan delitos por parte de agentes de inmigración.
Los informes se presentaron en la sede del Área 3 del Departamento de Policía de Chicago (CPD, por sus siglas en inglés), ubicada en el 2452 de W. Belmont Ave., donde los agentes estaban preparados para recibir denuncias de personas que afirmaban haber sido objeto de uso excesivo de la fuerza, uso de agentes químicos, detención ilegal y otras presuntas conductas indebidas durante la Operación Midway Blitz, la agresiva campaña de deportación de la administración Trump llevada a cabo el otoño pasado.
Desde el otoño, los residentes han presentado numerosos informes policiales denunciando conductas indebidas por parte de los agentes de inmigración, sin embargo, la acción coordinada del lunes tenía como objetivo hacer más difícil ignorar la exigencia de investigaciones a nivel local, dijo la comisionada del condado de Cook, Jessica Vásquez.
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“Queremos asegurarnos de que el público esté al tanto de que estamos presentando estos informes. Queremos que haya transparencia en torno a este proceso y por eso nos estamos coordinando con el CPD y hemos informado a la oficina del fiscal estatal de que estamos presentando los informes, porque queremos que nos tomen en serio,” dijo Vásquez.
Las acusaciones detalladas en los informes policiales van desde agresión física hasta homicidio e intento de homicidio, dijo Brian Orozco, abogado de algunas de las personas que presentaron denuncias el lunes.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, organismo que supervisa el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza de EE. UU., calificó los nuevos informes policiales como “nada más que un truco político de los políticos de Illinois partidarios de las ciudades santuario.”
“Los agentes federales que actúan en el cumplimiento de sus funciones solo pueden ser investigados por otras agencias federales. Los estados no tienen la autoridad para llevar a cabo tal investigación,” dijo el portavoz de Seguridad Nacional.
Las presentaciones se producen después de que la ciudad de Chicago haya tomado medidas para establecer un proceso formal para documentar e investigar la presunta mala conducta por parte de los agentes federales de inmigración. En enero, el alcalde Brandon Johnson firmó una orden ejecutiva que instruía al Departamento de Policía de Chicago a documentar las presuntas infracciones cometidas por agentes federales y a sentar las bases para un posible procesamiento judicial. En julio, el departamento finalizó una política revisada que obliga a los agentes a recibir denuncias de personas que alegan mala conducta por parte de agentes federales y a realizar un seguimiento de dichas quejas.
La política revisada se produjo tras meses de críticas señalando que la orden de Johnson no se había traducido en investigaciones reales.
La coalición le pide al Departamento de Policía de Chicago que investigue las acusaciones y, cuando corresponda, presente cargos por delitos menores. En cuanto a las acusaciones que puedan constituir delitos graves, piden que las investigaciones policiales concluidas se remitan a la oficina de la Fiscal Estatal del condado de Cook, Eileen O’Neill Burke, para su procesamiento judicial.
La oficina de Burke dijo en un comunicado que está “comprometida a apoyar estas investigaciones, incluida la investigación en curso de la Policía Estatal de Illinois sobre la muerte de Silverio Villegas González, de acuerdo con nuestro protocolo,” en referencia a un hombre que murió tras recibir un disparo de un agente federal de inmigración durante una parada de tráfico el pasado mes de septiembre en Franklin Park.
“Nadie está por encima de la ley — incluidos los agentes federales — y la [Fiscalía Estatal del Condado de Cook] no dudará en procesar cualquier caso que esté respaldado por la evidencia y la ley,” indicó el comunicado.
Un portavoz del Departamento de Policía de Chicago dijo en un comunicado que el departamento revisará los informes “para determinar si hubo una infracción de la ley local o estatal. Los incidentes que se determine que constituyen una infracción de la ley se registrarán en un informe del caso y se investigarán de conformidad con las directrices del departamento.” En algunos casos, el departamento ya había generado sus propios informes sobre los incidentes.
El esfuerzo también surge meses después de que un juez del condado de Cook rechazara una petición para nombrar a un fiscal independiente que investigara los presuntos abusos cometidos por agentes federales de inmigración. La petición se había presentado tras meses de presión sobre Burke para que ella misma investigara las acusaciones; Burke había argumentado que su oficina no tenía la autoridad para iniciar dicha investigación sin una remisión previa por parte de las fuerzas del orden.
Marimar Martínez: ‘El gobierno federal no ha tomado medidas’
Entre quienes presentaron denuncias policiales el lunes estuvo Marimar Martínez, quién recibió cinco disparos del agente de la Patrulla Fronteriza, Charles Exum, en Brighton Park el pasado mes de octubre, y Dayanne Figueroa, quién relató que fue sacada a rastras de su vehículo tras chocar con agentes federales en West Town y posteriormente detenida durante horas antes de ser liberada sin cargos.
“Han pasado 10 meses desde que Charles Exum intentó matarme,” dijo Martínez en la conferencia de prensa. “El gobierno federal no ha tomado medidas ni siquiera ha disciplinado a Charles Exum. Nunca se han puesto en contacto conmigo para entrevistarme y que explique lo que pasó ese día.”
El portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que Exum fue suspendido de sus funciones. La agencia también afirmó que Martínez y otro conductor “emboscaron” a los agentes federales con sus autos, lo que “obligó” a los oficiales a “desplegar sus armas y disparar tiros defensivos.”
Tras el tiroteo, el departamento dijo inicialmente que Martínez y otro conductor “embistieron” un vehículo de la Patrulla Fronteriza, lo que “obligó” a los agentes a “desplegar sus armas y realizar disparos defensivos.”
Los agentes federales también alegaron que Martínez tenía un arma, pero los documentos de acusación nunca mencionaron que estuviera armada. Posteriormente, la Fiscalía Federal retiró los cargos de agresión y de obstrucción e interferencia con un agente del orden público presentados contra Martínez. Desde entonces, ella ha presentado una demanda contra el gobierno federal.
El auto de Figueroa chocó contra un vehículo que conducían agentes federales el 10 de octubre, después de dejar a su hijo en la escuela. El incidente fue grabado en video por testigos.
El portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que Figueroa usó su auto para “embestir” el vehículo de un agente, lo que llevó a los oficiales a intentar sacarla de su automóvil.
“Se resistió violentamente, pateando a dos agentes y causando lesiones. Esta agitadora fue arrestada por agresión a un agente federal,” dijo el portavoz. No se presentaron cargos contra Figueroa, según los registros judiciales.
Figueroa dijo que los agentes enmascarados y armados que la detuvieron nunca se identificaron y nunca le dijeron por qué la detuvieron.
“Estaba desarmada y colaborando. Aun así, me golpearon, me esposaron y me trasladaron de un centro de detención a otro sin saber quiénes eran, a dónde me llevaban ni qué me iba a pasar,” dijo Figueroa el lunes. “Nunca fui arrestada. Jamás se me imputó ningún delito. Nunca recibí una explicación. Nunca recibí una disculpa. Esto fue una agresión y un secuestro de una ciudadana estadounidense.”
Berto Aguayo, un abogado que dijo que presentó una denuncia policial por haber sido atacado con gas lacrimógeno por agentes en Brighton Park tras el tiroteo contra Martínez, dijo que los residentes que presentaron denuncias el lunes estaban “haciendo exactamente lo que se supone que deben hacer los ciudadanos cuando creen que se ha cometido un delito.”
“Lo estamos denunciando, estamos aportando pruebas y estamos respaldando las acusaciones con nuestros nombres,” dijo Aguayo. “Y eso requiere valentía, y cuando la gente común tiene la valentía de hacer su trabajo como ciudadanos, esperamos que las personas a quienes se les ha confiado hacer cumplir nuestras leyes hagan su trabajo.”
