Recordando la prohibición de viajar a los musulmanes 5 años después

Esta semana se cumplen cinco años de la "Prohibición Musulmana" del presidente Donald Trump. Firmada por Trump el 27 de enero de 2017, la Orden Ejecutiva 13769 bloqueó durante 90 días la entrada en Estados Unidos de ciudadanos de los países predominantemente musulmanes de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Además, la orden prohibía indefinidamente la entrada de refugiados sirios e impedía a todos los refugiados entrar en Estados Unidos durante 120 días.

La prohibición provocó protestas masivas en todo Estados Unidos a principios de 2017. Entre los miles de personas que corrieron a los aeropuertos para denunciar la orden -considerada en general una política racista contra los inmigrantes y refugiados musulmanes- se encontraba el abogado de inmigración Hassan Ahmad. A pesar de haber ejercido como abogado de inmigración durante 15 años, Ahmad "no estaba preparado para lo que se encontró en el aeropuerto", escribe Reece Jones en "White Borders", un nuevo libro sobre la historia de la raza y la inmigración en Estados Unidos. 

En "Fronteras blancas", Jones presenta lo que Ibram X. Kendi describe como una "mordaz denuncia de las restricciones a la inmigración en Estados Unidos", una crónica de la historia antiinmigrante de Estados Unidos desde las leyes de exclusión china de la década de 1880 hasta los cánticos de "Construid el muro" de la década de 2010. Combinando reportajes y análisis, Jones demuestra cómo la blancura y la supremacía blanca siempre han estado, y siguen estando, en el centro de las políticas de inmigración.

El siguiente fragmento de "Fronteras blancas" presenta a Ahmad y capta la caótica escena en el aeropuerto internacional de Dulles, cerca de Washington D.C., justo un día después de que Trump firmara su orden ejecutiva. 

Hassan Ahmad no podía creer lo que estaba leyendo. Sabía que Donald Trump había hecho campaña con una plataforma antiinmigración, pero no esperaba que Trump instituyera una prohibición musulmana en su primera semana en la Casa Blanca. Ahmad se frotó la frente mientras leía los detalles. La orden ejecutiva ponía en pausa el reasentamiento de refugiados durante 120 días, reducía la cuota de refugiados de 110.000 a 50.000, prohibía permanentemente la entrada de refugiados de Siria y prohibía la entrada en Estados Unidos durante noventa días a los extranjeros procedentes de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. También entró en vigor inmediatamente, lo que significa que personas de estos países podrían haber embarcado en un avión con un visado válido y aterrizar en Estados Unidos sin él. Ahmad, natural de Carolina del Norte y que estudió Derecho en Tulane, había ejercido como abogado de inmigración durante quince años. La idea de prohibir la entrada de inmigrantes le irritaba. Sin embargo, como musulmán que era, la persecución de los musulmanes le resultaba personal. Vivía a menos de diez minutos del aeropuerto internacional de Dulles, en el norte de Virginia, así que cogió su teléfono móvil y se dirigió al aeropuerto para ver qué podía hacer. Sus años como abogado de inmigración ya le habían enseñado que podía ser difícil trabajar con los funcionarios de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, pero no estaba preparado para lo que se encontró en el aeropuerto.

Incluso los funcionarios del equipo de transición de Trump que habían redactado el borrador de la orden ejecutiva se vieron sorprendidos por la rápida aplicación. Durante la transición, el asesor jurídico del senador Jeff Sessions Gene Hamilton, de treinta y tres años, fue designado para dirigir un grupo de empleados que redactaron una serie de borradores de órdenes ejecutivas sobre inmigración que podrían considerarse al principio de la administración Trump. Hamilton trabajaba con Stephen Miller en la oficina de Sessions, y habían elaborado una lista de otros miembros del personal del Congreso y funcionarios del Gobierno que compartían sus puntos de vista sobre la inmigración. Hamilton les invitó en secreto a unirse al grupo.  Entre ellos se encontraban Andrea Loving, George Fishman, Dimple Shah y Art Arthur, del personal del representante republicano de Virginia Bob Goodlatte. Goodlatte era el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes y ya había participado anteriormente en actos del Center for Immigration Studies. Shah pasó a ocupar puestos en la administración Trump como consejero general adjunto en la oficina del Consejero General del Departamento de Justicia y secretario adjunto de asuntos internacionales en la Oficina de Estrategia, Política y Planes del Departamento de Seguridad Nacional. Arthur dejó más tarde el personal de Goodlatte y se convirtió en becario residente en derecho y política en el CIS. En 2019, fue llamado entonces a declarar como testigo experto ante el Subcomité de Inmigración de la Cámara de Representantes. Hamilton también incorporó a Kathy Nuebel Kovarik, del equipo del senador de Iowa Chuck Grassley, con quien Hamilton había trabajado en el Comité Judicial del Senado. Lee Francis Cissna y Tracy Short, que ya ocupaban cargos en el Gobierno, se unieron al equipo. Todos ellos compartían un vínculo desarrollado durante años como marginados en los márgenes del debate sobre inmigración que, al igual que Jeff Sessions, Steve Bannon y Stephen Miller, vieron por fin la oportunidad de realizar cambios en un área que les apasionaba. El grupo Hamilton se puso a redactar borradores de una serie de diferentes órdenes ejecutivas que el presidente Trump podría firmar para empezar a cumplir sus promesas de campaña sin tener que esperar al lento proceso legislativo. Los borradores de órdenes ejecutivas incluían formas de construir su muro fronterizo, acabar con DACA, poner fin al estatus de protección temporal para una serie de clases de inmigrantes e instituir una prohibición de refugiados e inmigrantes que pudieran ser potencialmente terroristas. El grupo Hamilton se sorprendió cuando lo que pensaban que eran primeros borradores que serían revisados y examinados a fondo por abogados y funcionarios de carrera se aplicaron prácticamente sin cambios en las primeras semanas de la administración Trump.

Tras el corto trayecto en coche desde su casa, Hassan Ahmad se adentró en el caos de la sala de llegadas del aeropuerto de Dulles el sábado 28 de enero de 2017. A medida que la noticia de la prohibición inmediata de las llegadas de los siete países de mayoría musulmana se extendía por las redes sociales, multitudes de manifestantes se agolpaban en la terminal. Solo una semana antes, millones de estadounidenses habían salido a las calles en el marco de la Marcha de las Mujeres, y muchos estaban animados para seguir protestando contra Donald Trump. Los agentes de policía del aeropuerto de Dulles, acostumbrados a ver cómo viajeros exhaustos recogían tranquilamente su equipaje tras vuelos de larga distancia procedentes de todo el mundo, miraban con recelo a la creciente multitud de manifestantes y abogados. Los manifestantes agitaban pancartas y coreaban: "Dejadles entrar". Cada vez que alguien salía por las puertas de llegadas internacionales, la multitud vitoreaba. Los pasajeros que llegaban tenían jet-lag y estaban confusos, muchos ignoraban que se había impuesto una prohibición musulmana. Ahmad y los abogados intentaron recabar información de los desconcertados viajeros sobre si alguno de sus compañeros había sido detenido. Ahmad oyó hablar de una familia iraquí de cuatro miembros con permiso de residencia, cuyo padre había sido traductor para el ejército estadounidense, que fue retenida pero a la que finalmente dejaron pasar. Ahmad recibió otra llamada de un hombre iraní de setenta y un años, enfermo del corazón y en silla de ruedas, que parecía que iba a ser devuelto. El empleado del aeropuerto que empujaba su silla de ruedas le había prestado amablemente su teléfono móvil. Ahmad acudió a Facebook para ponerse en contacto con las oficinas de los senadores estadounidenses que podían ayudarle. Cuando se corrió la voz, empezaron a llegar al aeropuerto cargos electos, entre ellos el gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, y el fiscal general, Mark Herring, así como el senador por Nueva Jersey Cory Booker.

Esa tarde, la juez federal Leonie Brinkema dictó una orden de restricción temporal por la que las personas detenidas en Dulles en virtud de la nueva orden ejecutiva debían tener acceso a sus abogados. A medida que avanzaba la tarde, los funcionarios del CBP siguieron negándose a permitir que Ahmad y los demás abogados se reunieran con las cincuenta o sesenta personas detenidas en el aeropuerto. Los estridentes manifestantes coreaban: "Que vean a sus abogados, que vean a sus abogados" y "Debido proceso ya". Los techos bajos y el suelo de baldosas de la zona de recogida de equipajes magnificaban y mezclaban los cánticos, aumentando la sensación de confusión. A Ahmad le sorprendió lo rápido que habían cambiado las cosas. Sólo la semana anterior había podido acceder fácilmente a la zona donde estaban los detenidos para visitar a los clientes, pero ahora estaba custodiada por dos agentes fuertemente armados. Era algo que Ahmad nunca esperó ver en Estados Unidos: "Me recordaba a algunos de mis casos de asilo, en los que mis clientes me contaban historias sobre controles, registros, persecuciones, funcionarios que les decían cosas diferentes, sobre la ley que simplemente no funcionaba. Excepto que esto era Virginia, a minutos de mi casa". Las mismas escenas se reprodujeron en todo el país a medida que las familias eran separadas, los musulmanes se sentían atacados y la realidad de la administración Trump comenzaba a hundirse.

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