Artistas inmigrantes pierden su hogar después de un contencioso desalojo

En su última noche en la casa donde vivieron alrededor de cinco años, Marcos Hernández e Iván Cruz estaban inquietos.

Los músicos vaciaron todas las habitaciones, pidieron una pizza y recordaron su tiempo en una casa que también habían construido como espacio comunitario con sus propios fondos. También crearon una pancarta que colgarían del techo como mensaje final de despedida: “El dinero no puede comprar la dignidad”

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Aquellos familiarizados con este espacio para la música, las artes y el apoyo comunitario, en 3200 S. Kedzie en Little Village, lo llamaron La Casa del Inmigrante. Sus residentes a menudo presentaban espectáculos de punk, a veces como recaudación de fondos para apoyar causas sociales en México, desde los esfuerzos de ayuda por el terremoto, hasta las operaciones de una biblioteca anarquista. Cuando los recién llegados, generalmente inmigrantes de México, necesitaban un lugar para quedarse podían encontrar un hogar allí.

El jueves 9 de septiembre terminó esa era de “La Casa” cuando sus residentes se vieron obligados a irse por un desalojo ordenado por la corte. Hernández, Cruz y otros tres artistas que viven en el espacio lucharon contra el desalojo durante el año pasado en un caso que se desarrolló durante la pandemia de COVID-19 y una moratoria de desalojo en todo el estado. El propietario del edificio, Chicago Southwest Development Corporation, planea demoler el edificio y utilizar el terreno despejado para el Focal Point Community Campus de 32 acres. El campus albergaría una nueva instalación hospitalaria de St. Anthony, tiendas minoristas de uso mixto y posibles residencias.

CSDC, cuyo director ejecutivo, Guy Medaglia, también dirige el Hospital St. Anthony, dijo comentó que la propiedad nunca se dividió en zonas para uso residencial. Pero debido a que el desarrollador no pudo entregar una copia de la citación y la denuncia a los residentes, no pudo desalojarlos durante varios meses.

“Están violando la ley no solo al entrar sin autorización, sino al convertir parte del edificio en una unidad de vivienda residencial”, dijo Lenny Asaro, un abogado que representa a la CSDC, en febrero. “Nunca tuvieron derecho a ocupar el edificio”.

En una audiencia el 23 de julio, los abogados del grupo argumentaron que debido a que la moratoria tiene como objetivo evitar la falta de vivienda o la congestión de personas que se mudan a las casas de otros durante una pandemia global, también se aplicaría en este caso.

Marcos Hernandez narra el mensaje de una pancarta de que él y sus compañeros residentes de 3200 S. Kedzie dejaron la mañana de su desalojo el 9 de septiembre del 2021 en Chicago, Ill. La pancarta dice: “En esta casa, se dieron lecciones de solidaridad, apoyo mutuo, arte, música y justicia, pero la lección más hermosa se la dimos al hospital St. Anthony, Chicago Southwest Development Corporation. Aprendieron que el dinero no compra la dignidad. Video cortesía de Marcos Hernandez

“Claramente, esa preocupación es igualmente relevante en la cuestión del desplazamiento de los grupos”, dijo Sally Robinson, una de las abogadas de los residentes.

Los abogados de la CSDC argumentaron que estaban invadiendo y por lo tanto no estaban protegidos por la moratoria.

Mientras presionan por el derecho a permanecer bajo la moratoria de desalojo, los artistas se han enfrentado al acoso de la seguridad y la policía. En octubre pasado, la CSDC contrató a American Demolition para que erigiera cercas alrededor del edificio, lo que impedía a los residentes acceder a sus autos.

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“Tuvimos que lidiar con la ciudad, con Saint Anthony, con American Demolition”, dijo Cruz. “En ese momento incluso vinieron y empezaron a hacer algunas demoliciones en la parte delantera y trasera. Les dijimos: “¿Por qué están haciendo una demolición? Estás poniendo nuestras vidas en riesgo”.

“Sabíamos que no estábamos en contra de un propietario normal”, agregó Hernández. “Nos enfrentábamos a una empresa privada que tenía a sus perros guardianes y secuaces a su lado”.

CSDC no respondió a múltiples solicitudes de comentarios sobre el desalojo y los detalles del caso.

Kelli Dudley, abogada que representa a los residentes, describió una situación que sus clientes creen que fue una táctica de desalojo inusual. En agosto, alguien cambió el número en el edificio de 3200 a 3210 para que coincidiera con la orden del juez de desalojar a los residentes de 3210. Las imágenes de las cámaras de seguridad revisadas por la revista Borderless Magazine muestran cuando alguien, que según los músicos es de CSDC, cambió los números en la puerta. El juez dictaminó que su unidad era parte de la propiedad cubierta por la orden de desalojo.

“Nos veríamos como locos si nos hubiéramos quedado sentados y dijéramos: ‘¿Qué haremos si amenazan con meter a nuestro abogado en la cárcel, y si cambian el número el día antes del desalojo?’”, dijo Dudley. “Bueno, eso nunca había sucedido antes, pero sucedió”.

En diciembre de 2020, la CSDC le pidió a la ciudad que inspeccionara el edificio, presentando una solicitud a través de la unidad de Control de Drogas y Pandillas. Dudley cuestionó si esto es una señal de cómo se trata a las personas más vulnerables durante el proceso de desalojo. Decidió preguntar si los músicos estaban siendo atacados injustamente, y en su investigación mencionó que la ciudad podría enfrentar una posible demanda si se procedía a la inspección.

“No había ninguna razón para que esos cinco individuos fueran considerados de drogas y pandillas”, dijo Dudley. “Le planteé la pregunta a la ciudad: ‘Oye, si me mudo con cinco ancianas blancas con perros rescatados y colchonetas de yoga, ¿todavía nos vas a llamar gente de drogas y pandillas?'”

Dudley preguntó a la ciudad si la solicitud de CSDC para esta inspección violaba la Ley de Vivienda Justa, que prohíbe la discriminación en la vivienda por motivos de raza, color, nacionalidad, religión, sexo, estado familiar y discapacidad.

Como resultado de esta investigación, dijo Dudley, la ciudad retrasó la inspección.

Mientras los residentes reflexionaban sobre el proceso de desalojo, describieron sentir agresión por parte del desarrollador.

“No sé por qué nos trataron tan injustamente. Tal vez porque somos inmigrantes, tal vez porque no hablamos un inglés perfecto “, dijo Hernández. “Antes que nada somos seres humanos, con o sin papeles. Pero a veces me pregunto si hubieran tratado a una persona blanca o a un ciudadano Americano de manera distinta”.

El sábado pasado, antes del desalojo, los miembros de la comunidad se reunieron en el centro comunitario de la Universidad Popular para una recaudación de fondos para cubrir algunos de los honorarios legales. Asistió el organizador del vecindario Lucky Camargo, quien ha sido franco sobre los derechos de los residentes y la necesidad de un desarrollo más orientado a la comunidad en Little Village.

“Ya están planeando cómo cambiará este vecindario. Es hermoso, ¿quién no quiere eso? ” Camargo dijo en español mientras presentaba los planos arquitectónicos para el campus de Focal Point. “Pero lo que hemos visto con este tipo de proyectos es que las personas de bajos ingresos son expulsadas”.

Si bien fueron expulsados ​​y ahora viven separados, los cinco residentes restantes de Casa del Inmigrante ya están buscando un nuevo espacio compartido para continuar con su trabajo comunitario. Hernández dijo que ya le hicieron una promesa a una comunidad en Puebla, México, por 200 donaciones de zapatos, y planean encontrar nuevas formas de mantener vivas esas actividades.

“Haber estado en este lugar fue hermoso”, dijo Hernández. “Fue chingón crear este lugar con nuestras propias manos, nuestro propio dinero y hacer lo que nuestro corazón nos decía con nuestros ideales. Creen que perdimos algo, pero no perdimos”.

Este artículo está traducido por Claudia Hernández.