Ley ‘Un Nuevo Camino por Delante’ interrumpiría proceso de deportación en las cárceles

Un grupo de congresistas demócratas, liderado por el representante de Illinois, Jesús “Chuy” García, está renovando el impulso de una amplia legislación que desmantelaría muchos segmentos del llamado conducto de la prisión, a la deportación.

Arriba: Rep. Jesus “Chuy” Garcia discute la ley ‘Un Nuevo Camino por Delante’ durante un conferencia de prensa virtual el 26 de enero, 2020.

Este artículo, publicado originalmente en inglés por Injustice Watch, está disponible en español gracias al proyecto “Traduciendo las noticias de Chicago”, del Instituto de Noticias Sin Fines de Lucro (INN).

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Un grupo de congresistas demócratas, liderado por el representante de Illinois, Jesús “Chuy” García, está renovando el impulso de una amplia legislación que desmantelaría muchos segmentos del llamado conducto de la prisión, a la deportación.

Presentada por primera vez por García en diciembre de 2019, la “Ley un Nuevo Camino por Delante” se estancó durante el Congreso anterior, pero estuvo reintroducida la semana pasada con más de 30 copatrocinadores, incluyendo a los Reps. Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley y Pramila Jayapal, vicepresidenta del subcomité de inmigración del Comité Judicial de la Cámara.

El proyecto de ley revertiría más de dos décadas de políticas bipartidistas que han conducido a la criminalización de los inmigrantes. Entre otras disposiciones, pondría fin a las políticas de detención obligatoria para los inmigrantes en proceso de deportación, prohibiría al gobierno federal deportar a los inmigrantes sobre la base de condenas penales de más de cinco años de antigüedad, despenalizaría los cruces fronterizos no autorizados, prohibiría a las fuerzas del orden locales ayudar a los agentes federales en la “investigación, aprehensión, transporte o detención” de los inmigrantes, y eliminaría gradualmente el uso de los centros de detención privados y las cárceles del condado para mantener a los inmigrantes bajo custodia federal, según una copia del proyecto de ley compartida con Injustice Watch.

En una conferencia de prensa el martes pasado, García celebró las acciones del presidente Joe Biden en materia de inmigración hasta la fecha, incluyendo una orden ejecutiva que anula algunas de las políticas del expresidente Donald Trump y un importante proyecto de ley de reforma que proporciona un camino hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos sin documentos.

Pero García, quien es un inmigrante mexicano, dijo que la administración de Biden también debe eliminar las políticas punitivas de décadas que llevan a miles de inmigrantes a centros de detención cada año después de haber entrado en contacto con el sistema de justicia penal.

“Si bien estas órdenes ejecutivas y la legislación de Biden, marcan un primer paso positivo, sabemos que el trabajo acaba de empezar”, dijo García. “El racismo sistémico que vemos cada día en nuestras comunidades es intencional y está tipificado en la ley. Revertir este daño requiere que nosotros hagamos lo mismo. Es hora de que dejemos de criminalizar la situación de desesperación en Estados Unidos y tracemos un nuevo camino hacia el futuro.”

Avanzar retrocediendo

La ley de inmigración actual exige que los inmigrantes condenados por muchos delitos no sean elegibles para recibir ayuda para su deportación. A menudo, esos inmigrantes se ven obligados a esperar a que se resuelva su caso de deportación mientras están detenidos por inmigración. Y no sólo los inmigrantes indocumentados corren el riesgo de ser deportados. Los residentes legales permanentes, si son condenados por ciertos delitos -incluso algunos menores- también pueden ser deportados.

Debido a que las comunidades Afroamericana y Latinx son las más afectadas por el exceso de control policial, los inmigrantes residentes en estas comunidades tienen más probabilidades de acabar detenidos, lo que puede separar a las familias y privarlas de su único sostén. Tener un miembro de la familia detenido puede provocar inseguridad alimentaria y de vivienda, además de problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad.

Esto no siempre fue así. En 1996, el Congreso promulgó la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes, que aumentó el número de delitos que hacían que un inmigrante pudiera ser deportado e impuso nuevas normas de detención obligatoria para los no ciudadanos condenados por delitos, incluidos delitos menores como la posesión de drogas. La ley también impedía a los jueces de inmigración hacer uso de su competencia para conceder ayuda a quienes estaban fuera del marco legal.

La Ley un Nuevo Camino por Delante, anularía estas políticas de línea dura establecidas por consenso bipartidista, dijo César Cuahtémoc García Hernández, profesor de derecho de la Universidad de Denver y experto en la relación entre los sistemas de inmigración y justicia penal.

“Esta Ley es, en muchos sentidos, una vuelta al pasado”, dijo García Hernández a Injustice Watch.

García Hernández también dijo que el proyecto de ley revertiría el giro hacia la criminalización, al poner fin a la persecución de los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera después de ser deportados.

“Históricamente, el gobierno federal deportaba a veces a alguien si comprobaba que vivía en Estados Unidos sin autorización, pero no procesaba a esa persona por un delito y luego la deportaba, que es lo que hacemos ahora”, dijo.

El número de inmigrantes detenidos se ha incrementado en las últimas dos décadas, pasando de unos 20,000 inmigrantes al día en el año fiscal 2001 a más de 50,000 en el año fiscal 2019, según las estadísticas del gobierno. Muchos de esos inmigrantes terminan en detención como resultado del contacto con el sistema judicial penal por delitos no violentos.

“He sido condenado una y otra vez”.

Robert Panton es un hombre de 54 años, padre de tres hijos, actualmente detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). En la conferencia de prensa del martes se reprodujo su testimonio en audio pregrabado.

Cuando era niño, en la década de 1970, Panton se mudó a Nueva York con su familia desde su natal Jamaica. Llegó con un estatus de residencia permanente.

En 1991, los fiscales federales condenaron a Panton a cadena perpetua por vender heroína. En agosto, un juez federal concedió a Panton la libertad condicional debido a problemas de salud que le hacen vulnerable de sufrir los peores efectos del COVID-19.

Cuando Panton fue puesto en libertad, ICE estaba allí para recogerlo. Su condena penal le obliga a esperar en un centro de detención de inmigrantes mientras su caso de deportación sigue su curso en el tribunal de inmigración.

Según la Ley un Nuevo Camino por Delante, Panton no habría sido sometido automáticamente a un proceso de deportación, ni detenido por ICE; como consecuencia de su condena por delitos de drogas. En su lugar, un juez de inmigración habría estudiado su caso de deportación en una audiencia de fianza de inmigración tras su puesta en libertad, con la posibilidad de concederle un perdón. La eliminación de las políticas de detención obligatoria también significaría que se le habría permitido permanecer en casa con su familia mientras su caso de deportación avanzaba.

“Llevo más de seis meses detenido por ICE. El mayor dolor es la gente que me espera: Mi hija, mis hijos y mis hermanas. Cada día, ICE no sólo me condena a mí, sino también a mi familia, manteniéndonos separados”, dijo Panton.

“Nuestro sistema penal tiene algo que se llama doble juzgamiento, por lo tanto, no puedes ser castigado dos veces por el mismo delito. Como soy inmigrante, se me castiga una y otra vez.

Esta es una nación de segundas oportunidades, y ya es hora de la mía”.

Traducido por Beatriz Oliva

This article first appeared on Institute for Nonprofit News and is republished here under a Creative Commons license.

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