En La Villita, una comuna de artistas liderada por inmigrantes se resiste al desalojo

En medio de una crisis de vivienda que ha dejado a los inquilinos inmigrantes entre los más vulnerables, un grupo de inmigrantes y músicos de punk rock lucha por quedarse en un edificio comercial al que durante años han llamado su hogar.

Arriba: Juan Herrera, Agustín Aguilar, Adriana Villalobos y Marcos Hernández, residentes del edificio ubicado en el 3200 S. Kedzie Ave., captados frente al edificio el 15 de febrero de 2021 en Chicago, IL. Todos se enfrentan al desalojo. April Alonso para Borderless Magazine/CatchLight Local Chicago.

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El edificio de ladrillo amarillo de dos pisos ubicado en el 3200 S. Kedzie Ave. en el barrio de La Villita, no siempre fue tan tranquilo. En años pasados, el colorido espacio interior era conocido por los estruendosos sonidos de la música punk en vivo, su público entusiasta y el heavy mental.

Un equipo de músicos inmigrantes de la comunidad latinx construyó un próspero centro de arte comunitario en lo que era un antiguo espacio de oficinas, ubicado al lado de una empresa de reciclaje de metal. Le llamaron La Casa del Inmigrante.

Aquí, la gente del barrio colaboraba con otros artistas y aprendía sobre cómo hacer música, pinchar discos, de obras de teatro y de arte de graffiti. Tocaban bandas locales y de otros estados como la banda inmigrante de hardcore punk Lakras, originaria de Nueva York. En 2017 el grupo envió dinero a Oaxaca, México, destinado para las familias desplazadas por un terremoto.

Si bien es un espacio de arte comunitario de corazón, durante los últimos cinco años La Casa del Inmigrante también ha sido el lugar de residencia para una lista siempre cambiante de inmigrantes. Juan Herrera, un artista de graffiti y uno de los residentes, dijo que 8 personas han hecho del lugar su hogar; también una red más grande de personas han utilizado el espacio como un estudio de arte.

“Lo arreglamos todo para poder tener una cocina, un baño y una ducha”, contó Herrera.

“Pagué con mis propios fondos para crear este espacio”, dijo Marcos Hernández, residente del lugar y quien también toca la batería en la banda local de punk Desafío. “Poco a poco, la gente de la ciudad empezó a unirse”. 

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Marcos Hernández, residente del edificio ubicado en el 3200 S. Kedzie Ave., captado en su espacio de trabajo en vivo, donde organizó sesiones fotográficas y  sesiones de práctica en un escenario, captado el 15 de febrero de 2021 en Chicago, IL. Hernández ha vivido en el espacio comunitario durante aproximadamente cuatro años. April Alonso para Borderless Magazine/CatchLight Local Chicago.

Pero actualmente esta comunidad está bajo escrutinio legal y sus miembros se enfrentan al desalojo. El propietario del edificio, la organización sin fines de lucro Corporación para el Desarrollo del Suroeste de Chicago (CSDC por sus siglas en inglés), está intentando demoler la propiedad ubicada en el 3200 S. Kedzie Ave. y las estructuras vecinas a las que califica como peligrosas.

El CSDC planea utilizar el terreno despejado para construir el Focal Point Community Campus de 32 acres, descrito en el sitio web del proyecto como “una idea audaz y visionaria para proporcionar a las comunidades vibrantes del oeste y suroeste de Chicago una mayor oportunidad de prosperar y lograr un cambio sostenible mientras celebramos a la vez la diversidad y la rica historia de sus barrios”.

El campus sería el hogar del nuevo hospital de St. Anthony, tiendas de uso mixto y posiblemente, de viviendas. El director del CSDC, Guy Medaglia, también dirige el Hospital St. Anthony. La propiedad ubicada en el 3200 S. Kedzie Ave. está actualmente zonificada como un distrito comercial de fabricación y empleo, destinado a servir como un enlace entre la fabricación y las zonas residenciales y comerciales. El código de zonificación de la municipalidad no permite que en la zona se construyan viviendas o que residan personas en el edificio.

“Están violando la ley no sólo por entrar sin autorización, sino por convertir parte del edificio en una unidad de vivienda residencial”, dijo Lenny Asaro, abogado que representa a la CSDC, en el caso con los residentes de La Casa del Inmigrante. “Nunca tuvieron el derecho de ocupar el edificio”.

Un espacio comunitario clandestino

Construido en 1974, el edificio del 3200 S. Kedzie Ave. está ubicado en el extremo sur de La Villita, no muy lejos del Canal Sanitario y de Navegación de Chicago. La propiedad está al lado de la antigua Escuela de Comercio de Washburne, un centro educativo que contaba con el apoyo del sindicato, que fue demolido hace una década y que CSDC también planea construir como parte del campus de Focal Point.

El propietario anterior del edificio, Azteca Mall LLC, tenía la intención de transformar la propiedad en un espacio de incubación para los comerciantes locales. 

Cuando estos planes fracasaron, en 2017 la Municipalidad de Chicago aprobó una ordenanza que le permite a la misma Municipalidad utilizar el dominio eminente para adquirir la propiedad del 3200 S. Kedzie Ave., así como las propiedades vecinas todo como parte de un plan TIF para el Área de Proyecto de Renovación del Corredor Industrial de La Villita, con la intención de transferir las propiedades a CSDC. 

Sin embargo, en última instancia, la Municipalidad no utilizó su poder de dominio eminente y en 2018 la CSDC compró la propiedad directamente por $4.6 millones.

Actualmente los planes de desarrollo de la CSDC están en espera, esto mientras la disputa sobre los derechos de los residentes a vivir en la propiedad se abre camino en el tribunal del condado de Cook. El 10 de febrero, la CSDC presentó una denuncia de desalojo contra Juan Herrera y Marcos Hernández.

Los residentes de La Casa del Inmigrante argumentan que tienen derecho a permanecer en el edificio, al menos mientras exista la moratoria de desalojo residencial del estado. Con la última prórroga de la moratoria hecha por el gobernador J.B. Pritzker, los desalojos en Illinois están suspendidos hasta el 6 de marzo. Cada 30 días desde que comenzó la pandemia de COVID-19, el gobernador ha presentado ordenanzas nuevas y es probable que nuevamente la moratoria se prolongue.

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Juan Gonzáles, un residente del edificio ubicado en el  3200 S. Kedzie Ave., fotografiado frente a su equipo de DJ, el 23 de enero de 2021 en Chicago, IL. Gonzáles solía ser DJ en sitios y eventos en la ciudad, pero perdió su trabajo debido a la pandemia y ha tenido dificultades para encontrar un trabajo estable. Alex Arriaga para Borderless Magazine

Antes de la pandemia, muchos de los residentes de La Casa del Inmigrante trabajaban en la industria musical y desde entonces han perdido sus empleos y su vivienda habitual. Antes que se cerraran varios sitios en la ciudad, Juan Gonzáles era DJ y pinchaba discos de manera regular en fiestas y recintos en Chicago. Desde entonces y para compensar su pérdida de ingresos ha realizado pequeños trabajos, pero contó que tiene dificultades para encontrar un trabajo estable.

“(Hago) pequeños trabajos aquí y allá, trabajos que pagan en efectivo”, dijo Gonzáles.

Los latinxs están entre los más afectados por la pandemia. En Chicago, los latinxs representan el 35 por ciento de los casos de COVID-19 a pesar de constituir sólo el 28 por ciento de la población.

“Es completamente ilegal”, dijo Marcos Hernández sobre los intentos de la CSDC de desalojarlo a él y a los otros residentes. Hernández señaló que la CSDC aún no ha obtenido un permiso de demolición. Asaro dijo que la CSDC no puede obtener un permiso de demolición hasta que la propiedad esté desocupada.

“¿A dónde vamos a ir?” preguntó Hernández. “Nuestro trabajo ha desaparecido y es ahí (el edificio) donde nos ganamos la vida. ¿Por qué vienen a un barrio pobre para construir esto?”.

La comunidad de La Casa del Inmigrante comenzó hace cinco años con Guillermo Hernández, un productor de teatro. Un contrato de arrendamiento proporcionado por la CSDC muestra a Guillermo Hernández como firmante de un contrato de arrendamiento del edificio industrial de tres meses en enero de 2016, que se convirtió a partir de entonces en un contrato de arrendamiento mensual. En el contrato de arrendamiento se señala que “los locales deben ser ocupados y utilizados únicamente para el almacenamiento de equipo de teatro y para ningún otro fin”.

Mientras que el contrato de arrendamiento le permitió a Guillermo Hernández subarrendar el espacio con la aprobación escrita del propietario, Asaro de la CSDC, afirma que ni la CSDC ni el propietario anterior aprobaron tal cosa.

Cuando Guillermo Hernández enfermó de cáncer, la comunidad de La Casa del Inmigrante le ayudó. En enero del año pasado recaudaron fondos para sus gastos médicos a través de un show con bandas como Maldixión de Malinche, Chango Pardo y la banda de Marcos Hernández, Desafío.

Cuando Guillermo estaba demasiado enfermo para pagar el alquiler,  el 1 de mayo de 2020 Marcos Hernández envió a la Corporación de Desarrollo del Suroeste de Chicago un cheque por $3,000 para cubrir el costo del alquiler. (El alquiler mensual de Guillermo bajo el contrato original era de $1,000). Mientras que un representante de la CSDC reconoció haber recibido el cheque, nunca fue depositado. A Marcos Hernández se le avisó por mensaje de texto que la CSDC se comunicaría sólo con “el arrendatario oficial”.

Guillermo falleció en agosto de 2020; Marcos dio el dinero del alquiler rechazado, a la familia de Guillermo para ayudar a cubrir sus gastos funerarios.

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Cinco residentes del edificio ubicado en el 3200 S. Kedzie Ave. se enfrentan al desalojo mientras el propietario del edificio, la Corporación para el Desarrollo del Suroeste de Chicago (CSDC por sus siglas en inglés) quiere demolerlo. April Alonso para Borderless Magazine/CatchLight Local Chicago.

En octubre, la CSDC publicó los avisos de demolición en el edificio dando a residentes e inquilinos hasta el 2 de noviembre para desalojar la propiedad. La CSDC contrató a American Demolition para levantar una valla alrededor del edificio y la empresa de demolición contrató a un guardia de seguridad para vigilar el lugar.

Marcos Hernández aseguró que uno de los guardias de seguridad lo acosó a él y a otras personas que viven en la propiedad. Dos videos grabados por Marcos Hernández el 13 de enero de 2020 y obtenidos por Borderless Magazine*, muestran el caso en el que una mujer quien es guardia de seguridad, lo enfrenta y parece burlarse de él.

“Eres un vagabundo sin dinero, no tienes dinero”, se escucha decir a la guardia de seguridad en los videos. “Ahí hace frío, así que, ¿cómo duermes?”, también le dice.  Luego llama a la policía, diciendo: “Él (Marcos) está parado aquí junto a mi auto, le dispararé si no se mueve de mi auto [sic]”.

“El guardia de seguridad no debería haber dicho eso”, dijo Asaro después de que la revista Borderless le compartiera los videos. “No toleramos que nadie le falte al respeto a nadie”. Asaro dijo que la CSDC ha alertado al contratista de demolición  sobre los videos, y que este a su vez, se puso en contacto con la empresa de seguridad. Desde entonces, la guardia de seguridad ha sido retirada del lugar y reemplazada.

Tanto las leyes de Illinois como las de Chicago prohíben los “cierres ilegales”, cuando los propietarios cortan los servicios públicos como el gas y la electricidad, bloquean las entradas y cambian las cerraduras del edificio antes de que se complete el proceso de desalojo residencial. En el caso del edificio ubicado en el 3200 S. Kedzie Ave., Asaro estima que el proceso de desalojo tomará de tres a cuatro meses, haciendo más lento el proceso de desarrollo y costando el dinero sin fines de lucro en pagos de servicios públicos, seguros y seguridad.

¿Inquilinos u ocupantes ilegales?

Para el abogado de Metropolitan Tenants Organization, Philip DeVon, el caso de La Casa del Inmigrante no está en blanco y negro, pero ilustra claramente una dinámica de poder.

“El constructor, que es adinerado y que está financiado por representantes, tiene todo el poder”, dijo DeVon. “Es evidente que,  cuando durante la noche puedes levantar una cerca alrededor de la gente mientras duermen, es porque tienes el poder en esa relación”.

“Es aterrador, pero los inquilinos tienen derechos, no pueden quedar bloqueados”, agregó. “Y eso se decidirá en la corte”.

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Juan Herrera, un residente del edificio ubicado en el 3200 S. Kedzie Ave., toca música y hace arte en su estudio que funciona como su dormitorio, el 15 de febrero de 2021 en  Chicago, IL. April Alonso para Borderless Magazine/CatchLight Local Chicago.

El concejal Michael Rodríguez (D-22), que supervisa el distrito donde se ubica el 3200 S. Kedzie Ave., ha estado siguiendo la situación; vaciló en referirse a los residentes como “inquilinos” u “ocupantes ilegales”; se refirió a ellos como “inquilinos/ocupantes ilegales”.

“Diría que hay situaciones de emergencia y que un tribunal tiene que determinar si esta es una situación de emergencia”, dijo Rodríguez. “La mejor manera de arreglar esto es por medio de un acuerdo entre los grupos afectados”.

Rodríguez señaló que el año pasado en su distrito, su oficina envió un número récord de solicitudes de ayuda para detener los cierres ilegales o los cortes de los servicios públicos. A pesar de la moratoria de desalojo residencial de COVID-19 en Illinois, los inquilinos de toda la ciudad continúan sufriendo acoso y algunos han sido expulsados por sus propietarios.

En un barrio de inmigrantes como es La Villita, los inmigrantes indocumentados están entre los más vulnerables. Para algunos inmigrantes, el temor a la deportación y las barreras del idioma pueden ser un obstáculo adicional para hacer valer sus derechos en estas situaciones, así como las restricciones adicionales al acceso al empleo y a la ayuda pública. 

Por citar un ejemplo, los residentes indocumentados no pueden acceder a la vivienda pública subvencionada a menos que uno de los miembros de la familia con los que viven sea ciudadano de EE.UU. o tenga un estatus migratorio de no ciudadano calificado.

Por estas razones, es “muy común” que los inmigrantes indocumentados vivan en unidades sin un contrato de arrendamiento formal, dijo Lucky Camargo, organizador comunitario del barrio.

Un llamado a la ayuda comunitaria

A medida que se intensifica el enfrentamiento entre la corporación de desarrollo y La Casa del Inmigrante, los residentes del edificio se han apoyado en organizadores comunitarios, algunos de los cuales han estado examinando durante años el plan de desarrollo de $600 millones de St. Anthony. Muchos ven la cuestión como parte de una tendencia más amplia de desplazamiento. En un barrio donde cerca de un tercio de los residentes viven por debajo del nivel de pobreza, planes de desarrollo como éste o los del centro comercial de La Villita (conocido como La Villita Discount Mall) aumentan esas preocupaciones.

Camargo ha hablado abiertamente sobre su oposición a la expansión del hospital; en el pasado incluso fue de puerta en puerta para informar a los residentes y para organizar a los miembros de la comunidad interesados.

Después de la demolición de una chimenea en el cercano sitio de Hilco el año pasado, Camargo dijo que se sorprendió al ver un cartel de demolición en el edificio del 3200 S. Kedzie Ave. Una vez más, sintió que los constructores se habían saltado el proceso del compromiso con la comunidad.

“Tienes esta situación, la del centro comercial y la de Hilco, (todos) son grandes cambios que están ocurriendo en el barrio y esta gente está decidiendo cómo se forman estos barrios y no se toma en cuenta a las personas que viven aquí”, dijo Camargo. “Así que las preocupaciones sobre la gentrificación están presentes”.

Rosa Esquivel, defensora de la vivienda de Pilsen Alliance, dijo que el aumento en el precio de los alquileres y el desplazamiento que han transformado a Pilsen también están empezando a afectar a La Villita. Solía ser vecina de Marcos Hernández en Pilsen. “Los conozco [a los músicos] desde hace mucho tiempo”, dijo.

“No vamos a tolerar el acoso”, añadió. “En medio de una pandemia no deberíamos acosar a los seres humanos”.

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Juan Herrera, un residente del edificio ubicado en el 3200 S. Kedzie Ave., toca música y hace arte en su estudio, el 15 de febrero de 2021 en  Chicago, IL. April Alonso para Borderless Magazine/CatchLight Local Chicago.

Willie “J.R.” Fleming, organizador comunitario anti-desalojos, dijo que ha visto la forma en que los desalojos en La Villita y otras partes de la ciudad afectan desproporcionadamente a los inmigrantes.

“Lo llamamos limpieza urbana y económica. Se trata de violaciones a los derechos humanos”, dijo Fleming, quien es director ejecutivo de la Campaña contra el Desalojo de Chicago (en inglés, Chicago Anti-Eviction Campaign). “Estas comunidades han sido desplazadas tanto por el desplazamiento urbano como por el económico”, compartió.

Fleming agregó que la Campaña Anti Desalojo de Chicago y otros grupos han estado monitoreando la situación en La Casa del Inmigrante para mostrar su apoyo.

“Estamos viendo lo que llamamos actividad de mercado”, dijo Fleming. “Eso va a dictar las acciones que realicemos, cuando nos paremos afuera con un grupo de gente”.

En tanto, los inquilinos están trabajando con un representante legal para prepararse para cuando el alguacil finalmente les entregue un aviso de desalojo. Dicen que no tienen planeado irse.

“Lo que realmente me enfurece, es la forma en la que nos tratan, como si no fuéramos humanos”, dijo Herrera, quien es artista de graffiti. “Ahora mismo el problema es con ellos. Llaman a la policía y nos dicen que nos vayamos. No es que queramos quedarnos aquí para siempre, pero ahora mismo la situación es que estamos en una pandemia. Necesitan darnos tiempo. Cada día es una lucha”.

 

*Nota del Editor: Borderless Magazine ha optado por no publicar estos videos. Creemos que el discurso de odio debe ser reconocido pero no amplificado. Si tiene preguntas, por favor contáctenos a [email protected]

Traducido por Gisela Orozco. Este artículo, publicado originalmente en inglés por Borderless Magazine, está disponible en español gracias al proyecto “Traduciendo las noticias de Chicago”, del Instituto de Noticias Sin Fines de Lucro (INN).

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