Reema Amin / ChalkbeatLa nueva ley prohíbe a las escuelas crear políticas que impidan que los niños asistan a las escuelas, como preguntarles por su estatus legal.
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Legisladores estatales de Illinois y defensores de los inmigrantes se reunieron frente a una escuela primaria de Chicago el martes para celebrar una nueva ley estatal destinada a preservar los derechos de los niños en las escuelas públicas independientemente de su estatus legal, un paso que dijeron que es necesario ante la política agresiva de inmigración de la administración Trump.
La ley, conocida como Safe Schools For All Act, aprobada a finales de mayo y firmada por el gobernador JB Pritzker la semana pasada, también obliga a los distritos escolares a adoptar políticas que describan cómo deben responder las escuelas si los agentes federales de inmigración llegan a un centro educativo. La ley, aprobada a finales de mayo y firmada por el gobernador JB Pritzker la semana pasada, entrará en vigencia el 1 de enero de 2026.
Unas 100 personas rodearon a funcionarios electos y partidarios de la ley durante una conferencia de prensa celebrada frente a la escuela primaria Lloyd, en la vecindad de Belmont Cragin, dónde viven muchas familias inmigrantes de clase trabajadora. Algunos portaban pancartas que decían "Educación, no deportación" y "ICE fuera de Chi", en referencia al U.S. Immigration and Customs Enforcement de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). De vez en cuando, jóvenes— que eran estudiantes— pasaban junto a una ventana del segundo piso de su escuela y miraban hacia abajo para ver la conferencia de prensa.
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"Los padres siempre han contado con el apoyo de nuestros directores y nuestros maestros aquí en Lloyd; protegieron a nuestros hijos y los hicieron sentir seguros", le dijo a los periodistas en español María, una madre de un estudiante de tercer grado en Lloyd que no compartió su apellido. "Pero ahora todas nuestras comunidades pueden ver que sus escuelas y sus familias están protegidas, como debe ser, de ICE".
La nueva ley establece que todos los niños tienen derecho a una educación pública gratuita independientemente de su estatus legal, que codifica de manera efectiva las protecciones establecidas en un caso del Supreme Court de 1982, conocido como Plyler V. Doe. Otros estados han adoptado el enfoque contrario, como en Tennessee, donde los legisladores intentaron permitir a los distritos escolares prohibir a los niños indocumentados asistir a las escuelas públicas.
Los defensores dicen que se trata de una ley estatal “única de este tipo”, que también impide que las escuelas adopten políticas que tengan un “efecto desalentador” y puedan prevenir que los niños vayan a clase.
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Además de las disposiciones educativas, la nueva ley prohíbe a las escuelas adoptar políticas que puedan excluir o disuadir a los estudiantes de asistir a clase, como solicitar su estatus legal o un número de seguro social. También exige que las escuelas adopten políticas sobre cómo tratar a los agentes de inmigración que se presenten en las escuelas, incluyendo disposiciones sobre la revisión de órdenes judiciales o otra documentación que puedan tener los agentes.
Las Escuelas Públicas de Chicago(CPS) exigen que el personal se ponga en contacto con el departamento jurídico del distrito si se presentan agentes de inmigración en una escuela, y que no deje entrar a dichos agentes sin tener una orden judicial. El contrato anterior de Chicago Teachers Union(CTU) también codifica esas políticas, incluyendo la prohibición de que el personal pregunte por el estatus legal de un alumno. No hay una copia del nuevo contrato en la pagina web del sindicato, pero los líderes sindicales han afirmado que el nuevo contrato mantiene esas disposiciones.
Illinois State Board of Education ha orientado a los distritos sobre qué hacer ante el aumento de detenciones y otras medidas por parte del U.S. Department of Homeland Security y otras agencias federales cerca de las escuelas. Así se anunció en un mensaje semanal por el superintendente del estado, Tony Sanders, a principios de este año.
La ley firmada la semana pasada trajo cierta oposición durante su debate en la legislatura, incluyendo desde los departamentos de sheriff, hasta el Illinois Association of School Boards. IASB (por su siglas en inglés) se opuso a una disposición de la ley que permite a las personas demandar a los distritos escolares si consideran que sus derechos han sido violados.
"El posible aumento del riesgo de litigios y nuevas responsabilidades financieras para los distritos escolares fue la base de la oposición del IASB", escribió la asociación en su informe de fin de sesión.
Los legisladores consideraron que era importante exigir a todos los distritos que elaboraran políticas que cumplieran con la nueva ley, dijo la representante estatal Lilian Jiménez, una de las patrocinadoras principales del proyecto de ley.
"La gente pensaba: 'Oh, la inmigración es demasiado confusa. Si alguien viene a nuestra escuela, ¿qué hacemos?'"dijo Jiménez. "Pues se crea una política, y todos se entrenan en la política y todo el mundo sabe qué hacer".
Jiménez y la senadora estatal Karina Villa, otra patrocinadora del proyecto de ley, dijeron durante la conferencia de prensa que presentaron la medida después de los llamados a deportaciones masivas del presidente Donald Trump.
Apenas unos días después de la segunda toma de posesión de Trump, la administración revocó la ley federal de "política de lugares sensibles",despejando el camino para que los agentes de Immigration and Customs Enforcement, conocido como ICE, realizaran detenciones en lugares como escuelas, guarderías, hospitales e iglesias. Los agentes federales de inmigración entonces detuvieron alrededor de 100 personas en la ciudad y suburbios en enero.
En febrero, ICE arrestó a un padre que llevaba a sus hijos a la escuela en Gage Park, en el lado suroeste.
En invierno, algunos padres decidieron no enviar a sus hijos a la escuelay la asistencia disminuyó incluso mientras los administradores escolares intentaban apoyar a las familias y entrenar al personal sobre las protecciones de inmigración. Grupos locales de defensa de los derechos de los inmigrantes se movilizaron para ofrecer apoyo y capacitación a los estudiantes sobre "Conozca Sus Derechos".
Los legisladores estatales redactaron esta legislación con la ayuda de organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes y de la educación bilingüe, como el Latino Policy Forum, el Mexican American Legal Defense y Educational Fund, o MALDEF, y el Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights, o ICIRR.
Incluso si el U.S. Supreme Court revocaría el caso Plyler V. Doe, estados como Illinois "seguirían estando en su derecho de promulgar sus propias políticas", y eso es lo que hace la nueva ley, dijo Fred Tsao, asesor político principal de ICIRR.
Reema Amin es reportera cubriendo las escuelas públicas de Chicago. Contacte a Reema en [email protected].
Samantha Smylie es la reportera de educación estatal de Chalkbeat Chicago y cubre los distritos escolares de todo el estado, la legislación, la educación especial y la junta estatal de educación. Póngase en contacto con Samantha en s[email protected].
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