Pat Nabong/Sun-TimesLos autoridades federales dictaminaron que el ayuntamiento violó los derechos civiles de los residentes en un caso relacionado con la reubicación del operador de chatarra General Iron y una queja sobre unidades de alquiler asequibles.
Esta historia se publicó originalmente por el Chicago Sun-Times. Suscríbase a su boletín informativo.
El presidente Donald Trump ha suspendido dos investigaciones de años de duración sobre violaciones de los derechos civiles en Chicago, una de las cuales comenzó con un operador de chatarra no deseada y otra que considera que los miembros del ayuntamiento tienen el poder de veto discriminatorio para impedir que haya viviendas asequibles.
ProPublica informó el viernes que los dos casos de Chicago se encuentran entre los siete que la administración Trump está desestimando. Los denunciantes dijeron al Sun-Times que eran conscientes de que la administración Trump estaba a punto de desestimar los casos.
No hay noticias oficiales del Department of Housing and Urban Development de EE.UU., que llevó a cabo las investigaciones, y la agencia no ha respondido a las múltiples peticiones de comentarios del Sun-Times.
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Un caso muy destacado fue el de la empresa de chatarra General Iron, que se trasladó del afluente barrio blanco de Lincoln Park a una comunidad de color de bajos ingresos en el sureste de la ciudad.
Los residentes se opusieron a la reubicación de la empresa contaminante, que tritura coches, electrodomésticos y otros objetos de gran tamaño para vender el metal y reutilizarlo. La ciudad denegó a la empresa el permiso para operar en la calle East 116th Street y el Calumet River, alegando problemas de contaminación y salud.
En su investigación de las políticas municipales relacionadas con la reubicación de General Iron, los autoridades federales determinaron que Chicago sitúa habitualmente a los grandes contaminadores industriales en los barrios del South Side y el West Side, beneficiando a las comunidades del North Side, mayoritariamente blancas y ricas.
Aquella investigación sobre vivienda justa llevada a cabo por el HUD dio lugar a un acuerdo vinculante que sigue vigente. Como parte del pacto, la ciudad acordó impulsar una ordenanza que busca cambiar las prácticas de zonificación y uso del suelo.
El alcalde Brandon Johnson se comprometió a mantener el acuerdo, firmado por la ex alcaldesa Lori Lightfoot el último día de su mandato. Aunque Johnson ha presentado una ordenanza de "justicia medioambiental", el Ayuntamiento no ha tomado ninguna medida al respecto. Un portavoz de Johnson dijo que no podía responder inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Según el informe de ProPublica, los funcionarios del HUD ya no aplicarán ese acuerdo.
Otro caso se refiere al uso por parte del ayuntamiento de un poder de veto conocido como prerrogativa concejal para impedir la construcción de viviendas de alquiler accesibles.
A finales de 2023, la agencia descubrió que los miembros del ayuntamiento habían mantenido indebidamente viviendas accesibles fuera de sus distritos haciendo uso de la prerrogativa de concejal.
El HUD envió una carta enérgica al ayuntamiento diciendo que el veto local fue "fundamental para crear los patrones de segregación de Chicago".
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