La demanda podría frustrar la prohibición de la detención de inmigrantes en Illinois

Cuando el gobernador de Illinois J.B. Pritzker promulgó la Ley Illinois Way Forward Act en agosto, puso al estado directamente del lado de un movimiento creciente contra el vasto sistema de detención de inmigrantes del gobierno federal. La ley prohibió a las ciudades y condados de todo el estado alquilar camas en sus cárceles al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, y exigió a los condados que ya tenían contratos de detención de ICE que los terminaran antes del 1 de enero.

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Los activistas por los derechos de los inmigrantes y los legisladores detrás de la Ley Way Forward de Illinois vieron la amplia ley como una victoria para su estrategia a largo plazo para eventualmente desmantelar el sistema de detención de ICE. Hasta la semana pasada, ICE retuvo a casi 22,000 inmigrantes y solicitantes de asilo en más de 130 cárceles públicas y privadas en todo el país.

“Consideramos que esto es similar al movimiento por la igualdad en el matrimonio, donde los estados lentamente comienzan a aprobar proyectos de ley hasta un punto en el que la administración actual en ese momento no pudo ignorar el problema y las necesidades de la comunidad”, dijo Luis Suárez, activista gerente de Detention Watch Network, un grupo activista nacional que trabaja para cerrar las instalaciones de detención de ICE.

Pero poco después de que Pritzker firmara la Ley de Illinois Way Forward Act, dos condados de Illinois presentaron una demanda en un tribunal federal impugnando la ley por inconstitucional. El condado de Kankakee, aproximadamente a una hora en automóvil al sur del centro de Chicago, y el condado de McHenry, a una hora al noroeste de la ciudad, ganaron millones de dólares en los últimos años gracias a los contratos de detención con ICE.

El estado ha presentado una moción para desestimar el caso. Pero los condados le han pedido a Philip G. Reinhard, juez federal de distrito del norte de Illinois, que emita una orden judicial temporal que les permita mantener sus contratos con ICE mientras se litiga el caso. El juez aún no ha fijado una fecha para la audiencia inicial ni ha indicado cuándo podría tomar una decisión.

Si los condados ganan su caso, no solo amargaría la victoria de los defensores, sino que también cuestionaría la viabilidad de su estrategia para poner fin a la detención de inmigrantes estado por estado y cárcel por cárcel. Pero incluso si la ley se mantiene, el desafío de los condados plantea preguntas sobre lo que sucederá con las docenas de personas actualmente detenidas por ICE en las cárceles de los condados.

En entrevistas y presentaciones judiciales, el fiscal estatal del condado de McHenry, Patrick Kenneally, quien representa a ambos condados en el caso, argumentó que ICE terminará transfiriendo a la mayoría de las personas en las cárceles del condado a otras partes del país, más lejos de sus familias y equipos legales. “La sugerencia de que esto realmente va a funcionar para el beneficio material de cualquiera que esté actualmente alojado en el condado de McHenry es dudosa, si no simplemente incorrecta”, dijo Kenneally en una entrevista.

Pero los defensores del proyecto de ley dijeron que la demanda subraya los incentivos financieros perversos de los condados rurales, principalmente conservadores, para detener a inmigrantes bajo custodia federal en el proceso de separar familias y causar un daño duradero a los inmigrantes y sus comunidades.

Los defensores también acusan a las cárceles de los condados de Kankakee y McHenry de brindar una atención deficiente, corroborado por informes de los últimos años de que los detenidos pasaron tres meses sin agua en sus lavabos, sufrieron un brote de paperas y la falta de atención médica adecuada.

También señalan datos que muestran que el 75% de los inmigrantes detenidos por ICE no tienen condenas penales, y la gran mayoría de los inmigrantes que no están detenidos se presentan a sus citas en la corte, para argumentar que la detención es abusiva, costosa e innecesaria.

La senadora estatal Celina Villanueva, demócrata de Chicago, copatrocinadora de la Ley Way Forward de Illinois, dijo que los condados de McHenry y Kankakee están esencialmente tratando de cobrar cheques sucios al ganar dinero con un sistema de inmigración que no funciona.

“Lo que están tratando de hacer es engañar a la gente haciéndoles creer que se preocupan por nuestras comunidades, pero lo que les importa es el dinero asociado con la criminalización de los inmigrantes en este país”, dijo.

Contratos de ICE por valor de millones en riesgo

Los condados de McHenry y Kankakee dejan muy claro en sus documentos judiciales que el dinero está en el centro de su caso.

El condado de McHenry recaudó más de $8 millones por año a través de su contrato con ICE del 2016 al 2020, según la demanda, más de lo que obtuvo de los impuestos estatales sobre la renta durante el mismo período. El condado de Kankakee recibió casi $4 millones por año a través de su contrato de detención de ICE del 2017 al 2020, cerca de lo que ganó en impuestos a las ventas durante el mismo período.

Ambos condados han experimentado una fuerte disminución en el número de inmigrantes detenidos en sus cárceles este año, lo que refleja una disminución nacional en la población de detención de ICE bajo el presidente Joe Biden.

Obligar a los condados a poner fin a sus contratos “tendrá un efecto perjudicial en los ingresos de estos condados”, escribió Kenneally en la demanda.

El principal argumento legal de los condados es que la Ley Way Forward de Illinois interfiere con la ley federal, que permite que ICE contrate a los condados y municipios locales para detener a inmigrantes en sus cárceles.

“La Ley Way Forward de Illinois busca eludir el poder constitucional del gobierno federal en el campo de la detención de inmigrantes”, argumentó Kenneally en un expediente judicial.

Una decisión reciente de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito en California podría reforzar el caso de los condados. El mes pasado, el tribunal bloqueó una ley de California que habría obligado al cierre de los centros privados de detención de inmigrantes en el estado. En una decisión de 2-1, el panel de apelaciones dictaminó que la ley de California impedía que ICE hiciera cumplir “lo que la ley federal de inmigración permite explícitamente”.

Pero la oficina del fiscal general de Illinois argumenta que la decisión del Noveno Circuito solo se aplica a actores privados, y que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha dicho que la Décima Enmienda otorga al estado el poder de negarse a participar en programas federales, como la detención de inmigrantes. Con la Ley Illinois Way Forward, el estado decidió prohibir a sus “subunidades” de gobierno detener a inmigrantes bajo la custodia de ICE en sus cárceles, y los condados no tienen base legal para superar al estado, argumentaron los abogados del estado.

“La elección soberana del estado, no la preferencia de los condados, es lo que importa en este caso”, escribió un abogado de la oficina en su presentación más reciente.

Una portavoz del Fiscal General de Illinois Kwame Raoul no puso a Raoul ni a ninguno de los abogados en el caso disponibles para una entrevista, pero dijo en un comunicado que la oficina está comprometida a defender la Ley de Illinois Way Forward, que, según ella, tiene como objetivo construir y preservar la confianza entre las comunidades de inmigrantes y las fuerzas del orden que es fundamental para mejorar la seguridad pública”.

Un portavoz de ICE no respondió a una lista de preguntas enviada por correo electrónico para esta historia.

¿Qué sucede después de que se prohíben los contratos de detención de ICE?

Cuando se promulgó la Ley Illinois Way Forward Act, había un tercer condado en Illinois con un contrato de detención de ICE: el condado de Pulaski, en el extremo sur del estado.

A diferencia de los condados de McHenry y Kankakee, el condado de Pulaski optó por poner fin a su contrato con ICE. El gobierno federal liberó a 15 de los aproximadamente 50 inmigrantes que habían sido detenidos en la cárcel del condado de Pulaski, y el resto fueron transferidos a otros centros de detención de ICE, particularmente a los condados de Kankakee y McHenry, dijo Mark Fleming, director asociado de litigios federales en el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, una organización sin fines de lucro en Chicago que ayudó a muchos de esos inmigrantes en sus peticiones de liberación.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes ven el cierre del Centro de Detención del Condado de Pulaski como prueba de que su estrategia está funcionando, mientras que los opositores a la Ley Illinois Way Forward Act dicen que muestra que el cierre de los centros de detención solo hará que ICE traslade a los inmigrantes a otro lugar.

Fleming dijo que los defensores pudieron usar la finalización del contrato del condado de Pulaski con ICE para presionar a la agencia federal para que libere a las personas de la detención por completo. Si el juez anula la demanda de los otros dos condados, les dará a los defensores la oportunidad de pedir a ICE que libere a más inmigrantes que se encuentran actualmente tras las rejas, comentó.

“No creo que nadie de nuestro lado sea insensible a la posibilidad real de que algunas personas sean transferidas”, dijo. “Creo que lo que estamos rechazando es esta noción de que automáticamente todos serán transferidos”.

Pero Kenneally argumenta que la ley simplemente hará que ICE transfiera a la mayoría de los inmigrantes que se encuentran actualmente en los condados de McHenry y Kankakee a centros de detención en otros estados. Tal fue el caso en Nueva Jersey, que aprobó una ley similar que prohíbe la detención de inmigrantes durante el verano. ICE transfirió a decenas de personas a otros estados en las últimas semanas después de que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles intentó detener las transferencias en la corte, pero no lo logró.

Defensores de los derechos de los inmigrantes, como Suárez, admiten que les preocupa que las personas sean trasladadas a centros de detención más alejados de sus familias.

Pero a largo plazo, creen que eliminar la cantidad de centros de detención disponibles para ICE obligará a la agencia a reducir la cantidad de personas que detiene. Y cada estado y condado donde obtienen una victoria genera impulso para el objetivo final de poner fin a la detención de ICE.

“Al final del día, continuaremos abogando por el cierre de las instalaciones [de detención] porque la posibilidad de liberación siempre está ahí”, dijo Suárez.

Traducido por Claudia Hernandez, Borderless Magazine, con el apoyo del Amplify News Project del Institute for Nonprofit News.