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Pritzker firma un proyecto de ley que permite a la Oficina del Defensor Público del Condado de Cook manejar casos de deportación

Por 30 de agosto del 202121 de enero del 2022Política de inmigración

Pero la falta de fondos y de personal podría limitar drásticamente el número de inmigrantes que el condado puede representar.

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El gobernador J.B. Pritzker antes de firmar otra ley que amplía las protecciones para las comunidades de inmigrantes y refugiados en la escuela secundaria de East Aurora, Illinois, el lunes 2 de agosto del 2021. Rich Hein/Chicago Sun-Times
Por 30 de agosto del 202121 de enero del 2022Política de inmigración

Pero la falta de fondos y de personal podría limitar drásticamente el número de inmigrantes que el condado puede representar.

Este artículo fue publicado originalmente por Injustice Watch.

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, firmó el 19 de agosto un proyecto de ley que da luz verde al condado de Cook para designar defensores públicos que representen a los inmigrantes en los procesos de deportación.


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Elproyecto de ley, HB 2790, fue aprobado por la Asamblea General de Illinois en mayo y aclara cualquier conflicto que impida a los defensores públicos del condado representar a los inmigrantes en el tribunal federal de inmigración. El proyecto de ley entra en vigor en enero y sólo se aplica al condado de Cook.

A diferencia de los acusados en los tribunales penales, los inmigrantes en proceso de deportación no tienen derecho a un abogado designado por el gobierno, y las investigaciones muestran que muchos de ellos no pueden permitirse un abogado privado. El pasado año fiscal, casi el 70% de los más de 10.000 inmigrantes con casos de deportación en el Tribunal de Inmigración de Chicago carecían de abogado, según datos federales recopilados por el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse.

Un abogado de inmigración puede tener un impacto dramático en el resultado de un caso de deportación. Estudios recientes que analizaron los datos de los tribunales de inmigración de Chicago y Nueva York descubrieron que los inmigrantes con abogados tenían entre cinco y diez veces más probabilidades de evitar la deportación que los que no tenían representación legal.

En una declaración para celebrar la firma del proyecto de ley, la representante estatal Jennifer Gong-Gershowtiz, D-Glenview, una abogada con experiencia en la ley de inmigración que introdujo el proyecto de ley en febrero, dijo que todo el mundo "merece la representación en una sala de audiencias, independientemente de su estatus migratorio o nivel de ingresos."

Los defensores públicos que se ocupan de los casos penales no se encargarán de los casos de deportación. En su lugar, esos casos serán asumidos por los abogados de inmigración contratados bajo la unidad de inmigración de la oficina de defensores públicos del Condado de Cook, que se abrió el año pasado.

La unidad de inmigración, dirigida por la veterana abogada de inmigración de Chicago Hena Mansori, cuenta con fondos suficientes para contratar a dos abogados de inmigración este año, y Mansori espera que la unidad asuma su primer caso de deportación a principios del año que viene.

Pero la falta de fondos y de personal significa que la unidad de inmigración no podrá proporcionar representación universal a todos los inmigrantes que necesiten un abogado en el Tribunal de Inmigración de Chicago. La unidad dará prioridad a los inmigrantes que se enfrentan a la deportación y que fueron representados por un defensor público del condado de Cook en un caso penal. Esto se debe a que los inmigrantes con antecedentes penales tienen más dificultades para ganar cualquier tipo de alivio, dijo Mansori.

"Todavía hay un camino por recorrer antes de que podamos empezar a representar realmente" a los inmigrantes en los tribunales de inmigración, dijo. Pero la firma del proyecto de ley de este mes fue "un paso muy importante para lograrlo".

Mientras tanto, Mansori ha dirigido varias sesiones de formación en staff para educar a los defensores públicos sobre las consecuencias colaterales para los acusados inmigrantes en los tribunales penales. Algunas condenas por delitos graves y algunos delitos menores pueden impedir que un inmigrante normalice su situación o hacer que pierda su tarjeta verde o su visado de larga duración.

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