Max Herman/Borderless MagazineLa comisionada, Dra. Olusimbo Ige dijo que el departamento enfrenta obstáculos en sus esfuerzos ambientales, incluyendo la capacidad limitada para realizar más inspecciones en una audiencia ante el Comité de Protección Ambiental y Energía del Concejo Municipal.
Funcionarios del Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH) dijeron que la agencia enfrenta problemas de capacidad para realizar más inspecciones durante una audiencia el miércoles ante el Comité de Protección Ambiental y Energía del Concejo Municipal.
La reunión se produjo mientras unos grupos ambientalistas buscaron respuestas con respecto a los planes del departamento para instalar 230 sensores de contaminación del aire, la capacidad del departamento y su compromiso de colaborar con grupos comunitarios ambientalistas en áreas altamente contaminadas.
La comisionada del CDPH, Dra. Olusimbo Ige, le dijo a los miembros del comité que el departamento solo tenía tres inspectores de aire y estaba buscando cubrir tres vacantes de inspectores de aire. CDPH es el principal regulador ambiental de la ciudad, otorga permisos de operación, realiza inspecciones y emite citaciones por violaciones de ordenanzas ambientales.
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La comisionada adjunta del CDPH, Maribel Chávez-Torres, dijo que el departamento realizó 393 inspecciones rutinarias de airey más de 4,500 inspecciones de aire en respuesta a quejas, las cuales deben realizarse dentro del día siguiente a la presentación de la queja.
Ige dijo que la mayoría de las inspecciones se realizaron en áreas de altos ingresos de la ciudad, ya que la mayoría de las quejas que recibieron provienen de esas áreas.
Miembros del comité, la cjal. Julia Ramírez (12°) y el cjal. Matthew Martin (47.º) pidieron al CDPH que explicara sus procesos de citación, cuestionando por qué no multa ni sanciona a las instalaciones por infracciones continuas hasta que se resuelva una infracción existente.
Según la ley de la ciudad, el departamento no puede citar o multar a la misma empresa o fuente múltiples veces por la misma violación cuando ya hay una citación en un proceso de audiencia, dijo Ige.
Martin dijo que el proceso de citación podría incentivar a las empresas a posponer la solución de sus problemas de contaminación del aire, “continuando a liberar estos químicos dañinos al aire cuando saben cuáles son las soluciones”.
En respuesta a preguntas sobre problemas de reemplazo de líneas de servicio de plomo, Ige dijo que el departamento es consciente de las áreas desproporcionadamente afectadas, pero que la ciudad depende de fondos federales. Ige dijo que está “nerviosa” por los posibles recortes a los fondos federales utilizados para abordar tales cuestiones. La ciudad recibe aproximadamente $600 millones del gobierno federal, dijo.
"Siempre hemos tenido esos datos, pero tener datos no es suficiente sin los recursos para resolver el problema", dijo Ige. "Así que estas son las realidades reales de tener recursos limitados en la ciudad, y necesitamos al gobierno federal".
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Durante la audiencia, el departamento también anunció un cronograma para un programa de monitoreo del aire que estaba atrazado. La instalación se realizará en el verano y será seguida por el lanzamiento de un panel disponible públicamente con datos recolectados de los nuevos sensores.
La audiencia siguió una reunión en el ayuntamiento donde algunos defensores del medio ambiente exigieron que la ciudad publicara la “Ordenanza de Impactos Acumulativos de Hazel Johnson” para su revisión comunitaria antes de que fuera presentado y sometido a votación.
“Déjenos descifrar si [la ordenanza] es buena para nosotros o no”, dijo Theresa Reyes McNamara, presidenta de la Alianza Ambiental del Suroeste, a Borderless Magazine.
La ordenanza reformaría las políticas para proteger mejor a los residentes desproporcionadamente afectados por las cargas ambientales basándose en recomendaciones de aportes de la comunidad y hallazgos de la evaluación concluida en 2023.
La presidenta del comité, la cjal.María Hadden (49º), le dijo a Borderless antes de la audiencia que la ordenanza de impactos acumulativos no se discutiría en la audiencia ya que pertenece más al Departamento de Medio Ambiente.
CDPH no discutió la ordenanza en la audiencia y tEl Departamento de Medio Ambiente no respondió a una solicitud antes de la publicación.
Mientras tanto, una coalición de grupos de defensa ambiental, la Red de Justicia Ambiental de Chicago (CEJN), publicó un declaración apoyando la ordenanza, diciendo que ha sido moldeada por años de participación de líderes de justicia ambiental y miembros de la comunidad.
La hija de Hazel M. Johnson, Cheryl Johnson, directora ejecutiva de People for Community Recovery, también expresó su apoyo a la ordenanza.
“Nos costó mucho llegar hasta aquí y podemos seguir construyendo sobre el marco de la ordenanza y agregar fuerza”, dijo. "Mi madre trabajó demasiado duro para que no progresáramos en esto. Prefiero tener un comienzo que nada en absoluto".
Se espera que la ordenanza se presente en la próxima reunión del ayuntamiento, el 16 de abril.
Corrección: Esta historia ha sido actualizada para aclarar que el CDPH tiene tres inspectores de aire con tres vacantes para inspectores de aire. Las 393 inspecciones rutinarias fueron inspecciones rutinarias de aire para instalaciones con permisos, y las más de 4,500 inspecciones por quejas estuvieron relacionadas con la contaminación del aire. La historia original afirmaba incorrectamente que se estaban desplegando 140 sensores; el número correcto es aproximadamente 230 sensores en total.
Aydali Campa es miembro de 'Report for America Corps' y cubre temas de justicia medioambiental y comunidades inmigrantes para Borderless Magazine. Envíale un correo electrónico a [email protected].
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