El contrato de LexisNexis con ICE permite la vigilancia ilegal de inmigrantes, según una demanda

En una soleada mañana de junio del 2022, Claudia Marchan se sentó en el escritorio de su casa de Harwood Heights con una taza de café. Antes de empezar su jornada laboral, consultó su correo electrónico personal y vio un mensaje con el asunto "Informe". A principios de esa semana, había descubierto que su información estaba en una base de datos en línea, y había solicitado una copia de lo que se incluía, temerosa de que esa información pudiera ser utilizada contra ella o sus allegados. Abrió el correo electrónico y se sorprendió al encontrar un documento de 46 páginas en el que se detallaba la información personal que el corredor de datos LexisNexis tenía sobre ella y las personas de su entorno.

"Cuando oyes hablar de estas cosas, una parte de ti piensa '¿me afecta esto particularmente a mí o a mi familia?' y quieres pensar que no", dijo Marchan, que dirige la organización sin fines de lucro Northern Illinois Justice for our Neighbors, un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes, y es miembro activo de la Coalición de Illinois para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados.

Marchan pasó gran parte de su vida viviendo en Estados Unidos sin documentación. Estaba protegida por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia y obtuvo la residencia permanente legal en 2021, pero seguía sintiéndose incómoda por la posibilidad de que su información se utilizara contra sus allegados. "Fue duro para mí y fue la primera vez que realmente tuve miedo", dijo.

Marchan es una de las personas, organizaciones y defensores de los derechos de los inmigrantes del área de Chicago que han demandado a la empresa de investigación e intermediación de datos LexisNexis por la recolecta y venta de datos personales de inmigrantes en un contrato de 22.1 millones de dólares con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. La demanda afirma que estos datos, los cuales incluyen nombres, direcciones, expedientes judiciales e incluso parejas sentimentales anteriores, ayudarán ilegalmente a ICE en la vigilancia de inmigrantes sin orden judicial. Pero casi cualquier persona con presencia en Internet puede encontrarse en la base de datos de LexisNexis, que incluye la información de consumo de 276 millones de personas en Estados Unidos.

El informe LexisNexis de Marchan incluía direcciones, correos electrónicos y números de teléfono para localizarla a ella y a sus allegados. También incluía su número de Seguro Social sin ninguna restricción. Mientras leía el extenso documento, empezó a pensar en todas las interacciones que habían contribuido a él. Pensó en las facturas que una vez estuvo tan orgullosa de poder poner a su nombre y en cómo necesidades tan simples como la electricidad habían contribuido a ese enorme perfil.

"Lo más impactante para mí es cómo consiguieron capturar a todas y cada una de las personas en los diferentes ámbitos de la vida, en las diferentes direcciones en las que estuve a lo largo de toda mi vida, y no creo que se les haya escapado ninguna dirección", dijo Marchan. "Fue muy preciso, muy completo y muy detallado".

Seis meses y un millón de búsquedas

ICE realizó más de 1.2 millones de búsquedas en la base de datos LexisNexis entre marzo del 2021 y septiembre del 2021. Más de 13,000 de estas búsquedas fueron realizadas por la oficina local de ICE en Chicago, según los registros obtenidos por Just Futures Law, una organización sin fines de lucro que ofrece apoyo legal y defensa a las comunidades sometidas a vigilancia masiva, encarcelamiento y deportación.

"Preveíamos que la escala sería grande, simplemente por la cantidad de información que pueden obtener utilizando una herramienta como Accurint, pero la verdad es que nos sorprendió mucho el gran número de búsquedas realizadas y la magnitud", dijo Dinesh McCoy, abogado de Just Futures Law.

LexisNexis vende estos datos a través de una plataforma que denomina "Accurint", que proporciona a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley un resumen enciclopédico de la información pública y no pública de una persona en el que se pueden realizar búsquedas.

Los demandantes en el caso, entre los que se encuentran Mijente, Organized Communities Against Deportations (OCAD), Just Futures Law y tres particulares, alegan que la colecta y venta de datos personales constituye una violación de la Ley de Illinois sobre Fraude al Consumidor y Prácticas Comerciales Engañosas y pone a los inmigrantes en riesgo de vigilancia sin orden judicial y posterior injustos encarcelamientos y deportaciones, lo que va en contra de las políticas de Ciudad Santuario de Illinois.

"Está ocurriendo sin una orden judicial, sin notificación, sin una manera de saber cómo puedes quitar tu información", dijo Cinthya Rodríguez, organizadora nacional de Mijente, una organización latina y chicana sin fines de lucro que busca justicia racial, económica, de género y climática para su comunidad.

Trabaja en la campaña #NoTechForICE, una iniciativa destinada a concienciar y, en última instancia, poner fin a la colaboración de las empresas tecnológicas con ICE para los medios de vigilancia, encarcelamiento y deportación.

La demanda da ejemplos de cómo ICE ha utilizado estos datos para vigilar a personas sin orden judicial. La lista incluye la determinación de la situación migratoria, la identificación del domicilio o la ubicación actual para realizar redadas y detenciones, y el conocimiento de las familias de los inmigrantes y sus allegados.

"Está ocurriendo sin una orden judicial, sin notificación, sin una manera de saber cómo puedes quitar tu información", dijo Cinthya Rodríguez, organizadora nacional de Mijente, una organización latina y chicana sin fines de lucro que busca justicia racial, económica, de género y climática para su comunidad.

En la demanda también se detalla el contrato entre ICE y LexisNexis, que incluye el requisito de que ICE tenga acceso al "seguimiento diario de los cambios de dirección y las actividades crediticias de las personas objeto de la investigación" mediante el acceso a actualizaciones diarias de fuentes como seguros, teléfono, empleo, servicios públicos, información sobre inquilinos, licencias y comprobaciones de crédito.

"A nivel colectivo, toda esa información se convierte en una herramienta a disposición de ICE para disponer de una ventanilla única para buscar la información necesaria para vigilar a alguien y acceder a su información", dijo Rodríguez.

Un representante de LexisNexis dijo que el contrato con el Departamento de Seguridad Nacional cumple con las políticas establecidas en la Orden Ejecutiva 13993 del Presidente Biden. "Estas políticas hacen hincapié en el respeto de los derechos humanos y se centran en las amenazas a la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad en la frontera", dijo Jennifer Grigas Richman, directora de comunicaciones externas de LexisNexis. "LexisNexis Risk Solutions apoya el uso responsable de los datos de acuerdo con los estatutos, reglamentos y mejores prácticas de la industria. Al igual que nuestros otros clientes, el Departamento de Seguridad Nacional debe utilizar nuestros servicios en cumplimiento de estos principios."

Subvertir las ciudades santuario

Just Futures Law afirma que el uso por parte de ICE de la base de datos de LexisNexis permite a las fuerzas del orden eludir las políticas locales en las ciudades santuario. Por ejemplo, ICE tiene acceso a información sobre encarcelamientos en tiempo real a través de LexisNexis, lo que le permite utilizar LexisNexis como puerta trasera para eludir las leyes y políticas locales que, de otro modo, protegerían dicha información. De este modo, ICE puede identificar y detener a los inmigrantes cuando salen de la cárcel, lo que constituye una violación de la legislación de Illinois según la ordenanza de detención de ICE del condado de Cook.

Además de violar los derechos a la intimidad y a la protección del consumidor establecidos en Illinois y recogidos en la Ley TRUST de Illinois, la Ordenanza de Detención por ICE del condado de Cook y la Ordenanza de Ciudad Acogedora de Chicago, a los opositores les preocupa que la base de datos de LexisNexis elimine los protocolos típicos del debido proceso, como la presentación de una citación o una orden judicial para acceder a información personal.

"Estamos viendo cómo se recopilan datos sin nuestro permiso para utilizarlos en análisis generales y estereotipos sobre nuestras comunidades y quienes viven en ellas", afirmó Antonio Gutiérrez, cofundador y coordinador estratégico de OCAD, una organización sin fines de lucro que lucha contra la deportación y criminalización de inmigrantes y personas de color en Chicago y sus alrededores.

"Cuando hablamos de una cifra como 1.2 millones de búsquedas, en el informe de una persona, la búsqueda a menudo devolverá docenas de nombres y direcciones de personas que también están afiliadas a ellos", dijo McCoy. "Así que no hablamos sólo de individuos, sino de comunidades enteras que los rodean".

Organizaciones como OCAD llevan años abogando por poner fin a este tipo de intercambio de datos para evitar que se amplifique la desconfianza que la comunidad inmigrante suele sentir hacia las fuerzas del orden.

"Queremos que agencias como ICE y LexisNexis rindan cuentas por el daño que están creando en nuestras comunidades", dijo Gutiérrez.

McCoy añadió que, aunque estas búsquedas son específicas de la persona a la que un agente de ICE está investigando, también pueden aparecer datos sobre personas relacionadas con el individuo en cuestión, como amigos, familiares, compañeros de piso y de trabajo.

"Cuando hablamos de una cifra como 1.2 millones de búsquedas, en el informe de una persona, la búsqueda a menudo devolverá docenas de nombres y direcciones de personas que también están afiliadas a ellos", dijo McCoy. "Así que no hablamos sólo de individuos, sino de comunidades enteras que los rodean".

Panorama general

Este problema es especialmente peligroso para los inmigrantes y las comunidades de color, las cuales se ven afectados de forma desproporcionada por la vigilancia no deseada. Pero LexisNexis tiene la capacidad de acceder, recopilar y vender la información personal de prácticamente cualquier persona con una huella digital sin su consentimiento o, en muchos casos, sin su conocimiento.

"No son sólo los inmigrantes los que están siendo colocados en esta base de datos", dijo Gutierez. "Esta base de datos en realidad está capturando y centralizando información de millones de estadounidenses y está siendo compartida, no sólo con agencias como ICE, sino que tampoco se especifica qué otras agencias tienen acceso a esta base de datos."

El sitio web de LexisNexis afirma tener más de 276 millones de identidades de consumidores estadounidenses. La Oficina del Censo de Estados Unidos del 2020 contabilizó 258.3 millones de adultos mayores de 18 años que residen en Estados Unidos.

"Deberíamos considerar esta cuestión no sólo desde el punto de vista de la inmigración, sino también de la justicia racial, el capitalismo de la vigilancia y otros temas que van más allá del contexto de los derechos de los inmigrantes", afirmó McCoy. "Esto está afectando a personas en todos los contextos diferentes, pero tiene problemas específicos para las comunidades marginadas, principalmente las comunidades negras, que se enfrentan a una mayor criminalización y a una mayor focalización por parte de estas tecnologías".

OCAD ha participado en campañas similares en el pasado, incluida una contra la ciudad de Chicago en relación con la creación de bases de datos de bandas por parte del Departamento de Policía de Chicago. Gutierez afirma que este tipo de bases de datos violan el derecho de los ciudadanos a un proceso justo al no permitir que las personas sepan que han sido incluidas en una base de datos, y no proporcionan una vía clara para impugnar la información u obtener información extraída de los archivos de la base de datos.

 "Esto afecta a las personas en todos los contextos, pero tiene problemas específicos para las comunidades marginadas, sobre todo para las comunidades negras, que se enfrentan a una mayor criminalización y a una mayor persecución por parte de estas tecnologías", afirmó McCoy.

"Hay muchos más datos para hacer inferencias sobre las personas en el mundo que no habrían sido posibles hace 30 años, y esa posibilidad crea toda una serie de problemas", dijo a Borderless Aziz Huq, profesor de Derecho de la Universidad de Chicago especializado en tecnología y derecho. "Hay todo tipo de formas en que este nuevo tipo de tecnología de la información puede ser empleada, ya sea por particulares o por el Estado, y a veces ayuda a la gente y en general es algo bueno. Y a veces la tecnología se utiliza para fines que tú o yo podríamos considerar injustos o inmorales, pero la tecnología está ahí y no desaparece una vez que está ahí fuera".

La cuestión de quién puede acceder a los datos, y posteriormente venderlos, ha sido un debate frecuente. Empresas como Google, Facebook, Amazon y TikTok se encuentran entre las que han sido demandadas por violación de la privacidad de los datos en los últimos años, y este tipo específico de "capitalismo de la vigilancia" tampoco es nuevo.

Anteriormente, Thomson Reuters, un conglomerado de medios de comunicación de Canadá, fue objeto de críticas por vender su base de datos de información personal sensible sobre inmigrantes a ICE. En abril del 2022, la empresa se comprometió a reevaluar sus contratos con ICE después de que el Sindicato General de Empleados de la Columbia Británica, accionista de Thomson Reuters, utilizara su participación en la organización para presionar a la empresa para que analizara los riesgos para los derechos humanos asociados a su contrato de varios millones de dólares con ICE.

A partir del 2021, LexisNexis es el principal proveedor de estos servicios de bases de datos policiales para ICE.

"Estamos atrapados en una situación en la que la tecnología cambia, en la que agentes privados y estatales adquieren y utilizan tecnología básicamente porque no está regulada. Y no tenemos un sistema político que pueda responder a los cambios a tiempo", dijo Huq. "Vamos a acabar yendo por detrás de la curva, y a veces eso va a beneficiar a las empresas privadas, y las empresas privadas van a poder hacer cosas que probablemente no deberían poder hacer".

Lucha por la tranquilidad

Desde que recibió su perfil de LexisNexis, Marchan dice que ha perdido el sueño y sufrido ansiedad. Le preocupa cómo estos datos podrían afectar a sus allegados, especialmente a los miembros de su familia que son indocumentados o no tienen la ciudadanía estadounidense.

"Sólo mirando a mi familia en su conjunto, todavía hay gente que es indocumentada, y que muy bien puede verse afectada por esto", dijo Marchan. "El miedo es real, los seres queridos que todavía están en riesgo todavía no tienen protecciones permanentes".

En su trabajo, a menudo recibe preguntas de inmigrantes que se muestran nerviosos a la hora de facilitar sus datos a las empresas, incluso cuando es esencial para obtener un crédito o adquirir servicios públicos. Entiende sus dudas y su frustración, y espera que esta demanda ponga fin a la colecta y venta de datos personales sin consentimiento.

Gutierez dice que OCAD también espera promover la conversación sobre cómo las grandes empresas como LexisNexis pueden ser responsables.

"La demanda nos brinda la oportunidad de iniciar realmente un diálogo sobre cómo se están utilizando los datos para criminalizar no sólo a las comunidades de inmigrantes, sino en general a las comunidades de color en esta nueva era", dijo Gutiérrez.

Además de indemnizaciones y multas por daños y perjuicios y prácticas comerciales desleales, los demandantes también quieren comprender mejor cómo regula el Estado estas empresas tecnológicas y cómo puede asegurarse la comunidad de que no se benefician de los datos personales de los individuos hasta el punto de violar sus derechos a la intimidad. Quieren más transparencia sobre cómo informan al público sobre sus procesos y sobre cómo impugnar la información que recopilan.

Otras jurisdicciones, como Europa, Canadá y China, tratan los datos de forma muy diferente y han creado leyes que protegen a los individuos frente a las empresas, pero en Estados Unidos no existen leyes federales de este tipo y se deja en manos de la legislación estatal la aplicación de las protecciones.

Gutierez dice que quieren devolver la tranquilidad a la comunidad inmigrante "de que su información no será intercambiada con el fin de lucrarse para luego detener, deportar o desplazar a las personas de nuestra comunidad".

A McCoy le preocupa el efecto amedrentador que pueda tener la recopilación y venta de este tipo de datos.

"Este tipo de transacciones cotidianas y cosas que son realmente necesarias para sobrevivir no deberían ser motivo para que la policía y el gobierno vigilen constantemente todos tus movimientos", afirmó McCoy. McCoy espera que esta demanda sea el inicio de un debate más amplio sobre las prácticas ilegales en materia de datos.

Aunque la demanda es específica de Illinois, los grupos de defensa esperan que la conversación se extienda por todo Estados Unidos y genere una mayor concienciación y acción por parte de otros grupos de todo el país.

"Seguir presionando a la empresa es realmente importante, pero el condado de Cook es sólo el principio", dijo Rodríguez.

Consulte nuestras FAQ para obtener respuestas a las preguntas más habituales sobre seguridad de datos y venta de información personal.

Corrección 3/2/23: Una versión anterior de este artículo declaró incorrectamente que el desafío de DACA por parte de la administración Trump fue un factor en el momento en que Claudia Marchan buscó su informe de LexisNexis. Si bien el tema era una preocupación, los dos ocurrieron en momentos separados.

Corrección 3/3/23: Este artículo se ha actualizado para reflejar que Claudia Marchan obtuvo la residencia legal permanente en el 2021.