Foto de Antonio Pérez/Chicago TribuneCon un alto costo de vida y sin red de seguridad social, los adultos mayores indocumentados a menudo dependen de sus familias y están en alto riesgo de perder sus hogares. Esta es la tercera parte de una serie con el Chicago Tribune sobre la creciente población de adultos mayores indocumentados en Illinois.
Injustice Watch y Chicago Tribune se unieron para informar sobre los retos a los que se enfrenta la población de adultos mayores indocumentados de Illinois. Esta es la historia de una serie de cuatro partes, "Envejeciendo en las sombras", centrada en el acceso a la atención médica y a la vivienda.
En los tres días anteriores a que Lilia tuviera que desalojar su apartamento del sótano el verano pasado, lloró hasta quedarse dormida todas las noches. Su marido, Cipriano, de 70 años, estaba en una cama de hospital recuperándose de una amputación de urgencia de su pie izquierdo por complicaciones de gangrena. Pero sus caseros de más de una década le dijeron a Lilia, de 69 años, que era hora de irse. Y sin contrato de alquiler, no tuvo más remedio que acceder.
"Empaqué todas nuestras cosas yo sola", dijo en una entrevista reciente, limpiándose las lágrimas.
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"Estamos prácticamente en la calle", dijo.
(Injustice Watch y el Chicago Tribune acordaron identificar a Lilia y Cipriano sólo por sus nombres de pila porque están en el país sin autorización y temen represalias de las autoridades de inmigración).
Después de que una ambulancia recogiera a Cipriano en septiembre, los propietarios le dijeron a Lilia que era hora de que se fueran. Un inspector de la ciudad estaba en camino, le dijeron, y la unidad del sótano, por la que pagaban 500 dólares al mes, no tenía una segunda salida, por lo que era ilegal alquilarla. El inspector nunca se presentó, dice Lilia, pero los propietarios no cedieron y la pareja desalojó el sótano a finales de mes.
Con la ayuda de un organizador comunitario, la pareja pudo encontrar un nuevo apartamento en West Humboldt Park, el mismo vecindario en el que vivían desde que emigraron de México hace poco más de 30 años. Su nuevo casero les cobra 700 dólares al mes por una unidad soleada en el segundo piso en una clásica casa de dos plantas de Chicago, muy por debajo del precio del mercado.
Pero la pareja ya no puede trabajar; Lilia sufre de artritis y ataques de asma, un subproducto de vivir en un sótano mohoso durante tanto tiempo, dijo, y la amputación de Cipriano lo tiene marginado hasta que pueda aprender a caminar con una pierna protésica. E incluso entonces, no está seguro de poder encontrar un trabajo sostenible a su edad y con su nueva discapacidad.
Sin bienes, ahorros ni seguro de invalidez del Seguro Social, ahora dependen de su única hija, una ama de casa indocumentada y madre soltera de cuatro hijos, para pagar el alquiler, la comida y todo lo demás.
"Mi hija está pagando todo, por eso entiendo que su mundo también se le esté cerrando", dijo Lilia. "Entiendo que esté estresada porque se supone que esto no era su responsabilidad. Era nuestra responsabilidad ahorrar lo suficiente para nosotros, pero no pudimos".
"La vejez se nos vino encima", dijo Lilia.
Lilia y Cipriano son miembros de un grupo demográfico en rápido crecimiento en Illinois: Los inmigrantes indocumentados de 65 años o más. Se espera que la población de adultos mayores indocumentados crezca de unos 4,000 en 2017 a más de 55,000 en 2030, según estimaciones del demógrafo Rob Paral publicadas en un reciente informe del Centro Médico de la Universidad Rush.
Muchos adultos mayores sin estatus legal no pueden permitirse una vivienda propia y son descalificados de las viviendas para adultos mayores financiadas por el gobierno federal. Los inmigrantes indocumentados también tienen más dificultades para comprar una casa que los ciudadanos, lo que a su vez les impide construir un patrimonio generacional a través de los bienes raíces - a menudo la única manera en que las familias de clase trabajadora pueden construir un patrimonio, especialmente los hogares de comunidades negras y latinx.
Por ello, los adultos mayores indocumentados suelen depender de sus familias para tener un techo. Alrededor de tres cuartas partes de los adultos mayores sin estatus legal viven con miembros más jóvenes de la familia en hogares multigeneracionales, en comparación con sólo una cuarta parte de los adultos mayores ciudadanos, según Paral.
Cargar a sus hijos y familias con la obligación de cuidar de ellos en sus últimos años puede provocar sentimientos de vergüenza y culpa en los mayores indocumentados, dijo Cecilia Ayón, analista de políticas públicas de la Universidad de California, Riverside, que recientemente entrevistó a docenas de adultos mayores indocumentados como parte de su investigación.
"Cuando se trata de la jubilación, hay que pensar en la intersección de cuánto tiempo pueden trabajar y cuánto quieren ser una carga para sus hijos. Porque, de hecho, así es como lo comentaron: no quieren ser una carga para sus hijos", dijo.
Se espera que haga más con menos
Lilia y Cipriano dicen que tenían la intención de comprar una casa en algún momento. Pero esos planes se marchitaron después de que Lilia se pusiera demasiado enferma para trabajar hace unos 10 años. "No teníamos ahorros. Apenas conseguimos salir adelante", dice Cipriano.
Sólo un tercio de los inmigrantes indocumentados de Illinois son propietarios de las viviendas en las que viven, según el Instituto de Política Migratoria, un centro de estudios no partidista, en comparación con dos tercios de los residentes de Illinois en general.
Legalmente hablando, nada impide a los inmigrantes no autorizados comprar una casa. A finales de la década de 1990, el IRS comenzó a emitir números de identificación de contribuyente individual, o ITIN, a inmigrantes y extranjeros para que pudieran pagar impuestos sobre sus ingresos. Y en el 2001, el Congreso permitió a los bancos conceder hipotecas a personas con ITIN.
Pero los inmigrantes sin estatus legal tienen que superar un listón mucho más alto que los ciudadanos para comprar una casa. Las hipotecas ITIN suelen tener unos tipos de interés que duplican lo que tiene que pagar un prestatario ciudadano típico, a pesar de tener unos índices de morosidad inferiores a los de los prestatarios típicos. Las hipotecas ITIN también requieren un pago inicial del 20%, mientras que algunos prestatarios ciudadanos pueden obtener una hipoteca con un pago inicial de tan sólo el 3%.
Pero los inquilinos indocumentados a menudo carecen de los documentos requeridos que los propietarios piden para firmar un contrato de alquiler, como identificaciones con foto o un historial de crédito. Eso significa que la mayoría de los inquilinos indocumentados pagan su renta mes a mes, lo que los pone en riesgo de ser desalojados fácilmente, ya que los propietarios en Illinois sólo necesitan darles un aviso de 30 días para dejar su casa.
"Muchas de estas familias tienen problemas económicos, y sus hijos, si también son indocumentados, sus opciones de trabajo también serán limitadas. Se necesita un tiempo para llegar a ser realmente estable financieramente, y si eres indocumentado, es difícil hacerlo", dijo Ayón.
Como es tan difícil comprar una casa, la mayoría de los inmigrantes indocumentados, como Lilia y Cipriano, son inquilinos.
"He visto cómo muchos inquilinos inmigrantes son constantemente expulsados o desalojados de los edificios de apartamentos", dijo Antonio Gutiérrez, cofundador del Sindicato Autónomo de Inquilinos de Albany Park.
Las personas mayores indocumentadas que se han visto obligadas a abandonar sus apartamentos tienen dificultades para encontrar un nuevo lugar para vivir que se ajuste a su presupuesto, especialmente en las zonas de gentrificación de la ciudad como Albany Park, dijo Gutiérrez.
Esto significa que los adultos mayores indocumentados a menudo terminan viviendo en condiciones peligrosas y miserables, especialmente en unidades bajo tierra que son consideradas ilegales por la ciudad de Chicago, dijo Juan Cruz, un organizador de Comunidades Unidas, un grupo de justicia social de base también con sede en Albany Park. Cruz ayudó a Lilia y Cipriano a encontrar su nuevo apartamento.
"Sabemos, especialmente en la comunidad de inmigrantes e indocumentados, que a menudo las unidades de sótano son las más asequibles", dijo.
En sus momentos más bajos, sola en su vieja unidad de sótano sin comida y sin un centavo a su nombre, Lilia dijo que pensó en regresar a México. "Pero no podía soportar dejar a mi hija para que cuidara de mi marido", después de su operación, dijo.
Los lazos familiares son a menudo los que impiden a los adultos mayores indocumentados volver a sus países de origen, dijo Jennifer Van Hook, socióloga de la Universidad de Penn State cuya investigación se centra en las comunidades de inmigrantes que envejecen. "Cuanto más tiempo se queden (en los Estados Unidos ), más familiares vivirán aquí y no en el extranjero", dijo. "Y, por supuesto, la gente quiere vivir cerca de sus hijos y sus nietos a medida que envejece".
A los adultos mayores indocumentados también les resulta difícil decidirse a volver a casa con las manos vacías, dijo Dan Pogorzelski, un organizador comunitario de Chicago que trabaja con inmigrantes polacos, que constituyen el segundo grupo más grande de adultos mayores no autorizados en Illinois después de los inmigrantes mexicanos.
"Algunas personas que emigraron aquí hace muchos años, para guardar las apariencias, escriben de vuelta a Polonia y dan la impresión de que llevan una vida estupenda aquí, porque se avergüenzan de que las cosas no hayan acabado como esperaban. Así, la gente no se hace a la idea de la difícil situación en la que se encuentran", afirma Pogorzelski.
El riesgo de quedarse sin hogar sin vivienda pública
Los adultos mayores indocumentados que no tienen familia a la que recurrir son muy susceptibles de acabar sin hogar, dijo Patti Prunhuber, abogada de vivienda de Justice in Aging, un grupo nacional de defensa legal con sede en Oakland, California, que trabaja para acabar con la pobreza de los adultos mayores.
"Los inmigrantes indocumentados... no pueden mirar hacia adelante para poder jubilarse y tener suficientes ingresos para pagar su vivienda. Así que pasan apuros mientras trabajan. Y luego, realmente, no tienen ningún recurso una vez que dejan de trabajar, a menos que tengan un miembro de la familia que pueda rescatarlos", dijo.
Para los adultos mayores indocumentados que corren el riesgo de quedarse sin hogar, el camino hacia la estabilidad no puede encontrarse en los canales habituales financiados por los contribuyentes. Los adultos mayores indocumentados tienen prohibido vivir en viviendas públicas dedicadas a personas mayores de 65 años en Illinois. Y aunque pueden optar a los vales de vivienda de la Sección 8 si viven con ciudadanos, los organizadores de los derechos de los inmigrantes y los organizadores de la vivienda dicen que las autoridades de la vivienda pública en Chicago y en todo el estado han hecho un mal trabajo para poner estos recursos a disposición de las familias de estatus mixto.
En el 2019, la Autoridad de Vivienda de Chicago dijo en una carta al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano que sirvió solo a 47 familias de estatus mixto compuestas por 190 miembros de la familia en toda su cartera de 22,000 unidades. En cambio, las autoridades de vivienda de la ciudad de Nueva York y Los Ángeles dijeron al HUD que atendían a más de 11,000 miembros de familias de estatus mixto.
Del mismo modo, un análisis de los datos del HUD del 2017 realizado por el National Housing Law Project descubrió que las autoridades de vivienda pública de Illinois atendieron solo a 140 familias de estatus mixto, o menos del 1% de sus casos totales, una tasa inferior a la de otros estados con grandes carteras de vivienda pública, como California, Nueva York, Texas, Massachusetts, Carolina del Norte, Florida y Georgia.
"Creo que los datos realmente muestran que los inmigrantes no han sido priorizados en la ciudad para los programas de vivienda asequible, por la Autoridad de Vivienda de Chicago y otras autoridades de vivienda en la zona", dijo Emily Coffey, un abogado de la vivienda en el Centro Shriver sobre la Ley de Pobreza.
En un comunicado, un portavoz de la CHA dijo que la agencia "ha hecho mejoras en nuestro alcance a los grupos raciales y étnicos subrepresentados" y que "seguirá buscando nuevas formas innovadoras de servir a más miembros de la comunidad de Chicago."
Los adultos mayores indocumentados también tienen dificultades para acceder a los recursos de vivienda asequible que se ponen a su disposición a través de proveedores locales sin fines de lucro. Para poder optar a ellos, los solicitantes suelen tener que demostrar que viven por debajo del umbral de la pobreza mediante talones de pago y formularios de impuestos, algo difícil de conseguir para los mayores indocumentados que trabajan en la economía informal basada en el dinero en efectivo, como los vendedores ambulantes.
Esa era la barrera para Ananías Ocampo, de 78 años, vendedor ambulante desde hace mucho tiempo en Pilsen, que vivía en un apartamento improvisado de una sola habitación, sin cocina ni calefacción adecuada, detrás de un restaurante de la calle 18.
Ocampo no podía optar a las ayudas a la vivienda porque sus ingresos se hacían en efectivo y es autónomo. Y como ganaba mucho menos de 12,400 dólares, el mínimo para declarar impuestos para personas solteras de 65 años o más, no tenía registros fiscales que pudieran demostrar que cumplía los requisitos de ingresos.
Después de ayudar a Ocampo a someterse a una operación de rodilla muy necesaria, Hilda Burgos, defensora de la inmigración en Chicago y ahora cuidadora de Ocampo, presionó a los líderes de la comunidad y de la ciudad para que encontraran una manera de permitir que Ocampo pudiera optar a un lugar asequible y digno para vivir.
Inspirado por la historia de Ocampo, el Fondo Fiduciario para la Vivienda de Bajos Ingresos de Chicago, una organización público-privada que proporciona subsidios de alquiler a los residentes de la ciudad con bajos ingresos, implementó una nueva política que permite a las personas que trabajan en la economía informal autocertificar sus ingresos.
Pero la defensora de la vivienda, Janice Ortiz, dijo que "todavía hay un largo camino por recorrer para garantizar que los adultos mayores indocumentados puedan acceder a estos recursos."
Ortiz es el director del programa de LUCHA, una agencia de asesoramiento en materia de vivienda con sede en Chicago y aprobada por el HUD, que puso en marcha una serie de talleres para ayudar a los hogares de inmigrantes a acceder a los recursos de vivienda pública para los que tienen derecho.
"Hemos observado una brecha importante en las comunidades a las que servimos para acceder a la multitud de recursos que ofrece la CHA, así como una información muy limitada sobre las directrices para que las familias con estatus migratorio mixto puedan acceder a dichos recursos", dijo la directora ejecutiva de LUCHA, Lissette Castañeda.
Deseando un lugar asequible para vivir
Como muchos inmigrantes indocumentados, Cipriano encontró trabajo a través de agencias de trabajo temporal. Esbelto, con pecho de barril y un cuidado bigote de sal y pimienta, Cipriano trabajó principalmente como conserje en fábricas y espacios para eventos en los suburbios, ganando el salario mínimo.
Pero su trabajo se agotó cuando llegó la pandemia del COVID-19. Mientras los ahorros de la pareja empezaban a desaparecer poco a poco, Lilia trató de conseguir la ayuda monetaria que algunas organizaciones comunitarias y la ciudad ofrecían para los inmigrantes que no cumplían los requisitos para recibir los cheques de estímulo federal.
Pero no pudo encontrar nada. " No sabía hacer los papeles porque no se leer", dijo. En su lugar, empezó a vender comida durante los fines de semana, mole, pozole y tamales, para ganar lo suficiente para pagar el alquiler.
Lilia y Cipriano aún no habían tocado fondo. El verano pasado, cuando sus caseros empezaron a amenazarles con el desahucio, la salud de Cipriano empeoró. Le apareció un dolor agudo en los dedos del pie izquierdo. Un viaje a urgencias reveló que Cipriano, que tiene diabetes, había desarrollado gangrena. Los médicos le amputaron el pie izquierdo para evitar que la enfermedad se extendiera.
Mientras Cipriano yacía en una cama de hospital con su hija a su lado, Lilia se ocupaba de empaquetar todas sus pertenencias de su apartamento en el sótano, ya que sus caseros la obligaron a marcharse. "Me quitaron la estufa; me quitaron el microondas. ... No tenía nada que comer", dijo.
Sin nadie más a quien recurrir, Lilia llamó a Cruz, el organizador de Comunidades Unidas, a instancias de un vecino. Cruz ayudó a Lilia a conseguir donaciones de alimentos y también ayudó a la pareja a solicitar una subvención única para las familias inmigrantes que no cumplían los requisitos para recibir los cheques federales de estímulo financiados por fundaciones privadas y gobiernos locales y estatales.
La solicitud fue aprobada y la familia recibió una tarjeta de débito con 4,000 dólares. Sin pensarlo dos veces, Lilia entregó la tarjeta de débito a su hija para ayudar a cubrir la fianza y unos dos meses de alquiler de su nuevo apartamento.
Cuando se acababa el dinero, su hija tenía que pagar todo, lo grande y lo pequeño: el alquiler, las facturas, la comida, las medicinas, las monedas para la lavandería.
Lilia y Cipriano están agradecidos a su hija, pero saben que su situación actual no es sostenible. Cipriano dice que quiere volver a encontrar trabajo, pero teme que nadie contrate a una persona de 70 años con una pierna ortopédica. Lilia se pregunta qué pasará cuando su hija no pueda seguir pagando su apartamento.
"¿Qué va a pasar cuando ella ya no tenga para pagar este apartamento? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde voy a ir con él?", dijo Lilia.
Grace Asiegbu contribuyó a este informe.
A continuación se presentan organizaciones e instituciones sin fines de lucro que pueden poner en contacto a los mayores indocumentados y a sus familias con recursos de vivienda asequible:
» LUCHA es una organización sin fines de lucro con sede en Chicago que tiene como objetivo aumentar la propiedad de la vivienda y conectar a las familias predominantemente de habla hispana con los proveedores de vivienda asequible. Su oficina principal está en 3541 W. North Ave. 773-276-5338
» National Low Income Housing Coalition, en colaboración con otras organizaciones, elaboró el año pasado una hoja informativa en la que se describen los programas de vivienda asequible financiados por el gobierno federal y los recursos de emergencia a los que pueden acceder las personas en Estados Unidos, en función de su estatus migratorio.
" Muchos de los fondos de ayuda de COVID-19 -incluidos los de ayuda al alquiler- no tienen requisitos de estatus migratorio. Aquí hay una hoja de cálculo compilada por varios grupos nacionales sin fines de lucro con recursos disponibles para los inmigrantes indocumentados en inglés y español. Para encontrar proveedores locales que puedan ayudar a solicitar o acceder a los programas de asistencia para el alquiler, visite el Programa de Asistencia para el Alquiler de Illinois.
» A partir de abril, los propietarios de viviendas que tengan dificultades para pagar sus hipotecas debido al COVID-19 podrán solicitar subvenciones de hasta 30,000 dólares del Fondo de Ayuda a los Propietarios de Viviendas de Illinois. Para saber si eres elegible y qué necesitas para solicitarlo, visita illinoishousinghelp.org.
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