Patrick Kunzer para Shaw LocalEl fallo del tribunal se produce después de que los condados de McHenry y Kankakee presentaran una demanda conjunta contra la ley Illinois Way Forward.
Este artículo fue publicado originalmente por el Northwest Herald.
Días antes de que entrara en vigor una nueva ley estatal que obliga al condado de McHenry a poner fin a su contrato para alojar a los detenidos federales por motivos de inmigración, un tribunal federal de apelaciones ha dejado en suspenso la cuestión.
Los condados de McHenry y Kankakee presentaron en septiembre una demanda federal conjunta para impugnar la ley Illinois Way Forward, que prohibía a los condados realizar contratos para alojar a los inmigrantes detenidos y exigía que los contratos existentes terminaran antes del 1 de enero, argumentando que la ley era inconstitucional. La demanda fue desestimada por un juez federal a principios de este mes, y aunque el Fiscal del Estado del Condado de McHenry, Patrick Kenneally, dijo que apelaría la decisión, no era optimista de que el condado obtuviera una respuesta antes del año nuevo.
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Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 7º Circuito de Estados Unidos emitió una suspensión el jueves, retrasando el plazo que tienen los condados de McHenry y Kankakee para terminar sus contratos para albergar a los detenidos por ICE hasta el 13 de enero.
El contrato del condado de McHenry exige una notificación por escrito con 30 días de antelación para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tenga tiempo de retirar a los detenidos de la custodia de la cárcel, lo que significa que lo más pronto que los detenidos por ICE podrían ser retirados de la cárcel es a mediados de febrero.
"Estamos muy contentos de conseguir esta suspensión para preservar nuestro contrato de larga duración con ICE mientras argumentamos nuestro caso", dijo el presidente de la Junta del Condado, Mike Buehler, R-Crystal Lake, en un comunicado. "La Ley Illinois Way Forward es una ley inconstitucional y mal pensada que fue lanzada apresuradamente por la Asamblea General para hacer una declaración política con respecto a la actual aplicación de la inmigración federal. Agradecemos al 7º Circuito por su comprensión, y esperamos hacer nuestro caso."
El miembro de la Junta del Condado, Carlos Acosta, que se ha manifestado a favor de poner fin al contrato con ICE, dijo el jueves al Northwest Herald que se siente frustrado por el retraso, pero no preocupado.
"Si no hay nada más, esto le da al fiscal general [de Illinois] más tiempo para investigar y poder responder con la veracidad que lo hicieron la primera vez", dijo Acosta.
Después de luchar durante más de un año por el fin del contrato con ICE, Acosta dijo que el retraso de dos semanas es algo con lo que puede vivir.
Aun así, dijo, "este es un capítulo que el condado necesita cerrar, y el Sr. Kenneally sólo está prolongando esto".
La oficina del fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, que el jueves declinó hacer comentarios, citando un litigio pendiente, tiene hasta el 6 de enero para presentar una respuesta sobre la suspensión, y luego los condados tienen hasta el 10 de enero para presentar sus respuestas, según la orden.
Los jueces también ordenaron a los condados que explicaran cuántos detenidos federales por motivos de inmigración están alojados en cada una de sus instalaciones y si alguno ya ha sido trasladado en vista de la nueva ley.
La cárcel del condado de McHenry albergaba a 59 detenidos federales hasta el jueves, dijo un portavoz del condado.
"La terminación forzada del contrato no significará que ICE libere a sus detenidos de la cárcel del condado; serán reubicados en instalaciones en otros estados, lo que obligará a las familias de los detenidos a viajar mucho más lejos para visitarlos mientras sus seres queridos esperan sus audiencias", dijo el condado en un comunicado. "Además, la pérdida de ingresos del contrato perjudicará a los residentes de todo el condado en forma de disminución de los servicios o posibles aumentos de impuestos en años futuros".
Los condados de McHenry y Kankakee argumentaron ante el tribunal que la Ley Way Forward de Illinois viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe a los estados interferir en el ejercer de los poderes constitucionales del gobierno federal, e interfiere en la capacidad del gobierno federal para realizar su trabajo.
Sin embargo, el juez Philip G. Reinhard, que desestimó la demanda a principios de este mes, dijo que el estado tiene autoridad para determinar si él, o cualquiera de sus subdivisiones políticas, incluidos los condados, puede celebrar o permanecer en acuerdos de cooperación como el que tiene con ICE.
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Amanda García, abogada de inmigración de Crystal Lake, dijo que la decisión inicial de Reinhard de desestimar la demanda decía "claramente" que la ley no estaba del lado de los condados.
La apelación del condado de McHenry "me muestra que nuestro condado no está tan comprometido con la ley como dicen estar, y que están realmente interesados en el dinero", dijo. "Es realmente desalentador ver a nuestro condado perseguir esto y malgastar su energía en ello y gastar el dinero de nuestros impuestos en luchar contra lo que creo que es una batalla legal perdida".
ICE paga al condado 95 dólares al día por cada detenido, lo que en algunos años ha supuesto más de 9 millones de dólares de ingresos para el condado. Sin embargo, esos ingresos han disminuido recientemente. El condado recibió 3.6 millones de dólares de ICE en el 2021, dijo el director financiero del condado, Kevin Bueso, y espera recibir unos 360,000 dólares este mes por los últimos detenidos.
Desde el punto de vista de Acosta, la pérdida de ingresos de ICE ha sido un "problema" hasta ahora, dijo.
Un presupuesto sin dinero de ICE fue elaborado por la Junta del Condado este año sin recortes drásticos, dijo Acosta, añadiendo que la oficina del sheriff todavía está buscando contratar oficiales de correcciones a pesar de la pérdida de ingresos.
Acosta estaba en minoría a principios de este año cuando la Junta del Condado votó en mayo para mantener su contrato con ICE. Ese voto puso fin a un proceso de un año a nivel del condado que el condado en su comunicado de prensa el jueves contrastó con "el proyecto de ley apresurado de la Asamblea General."
"Estamos deseosos de continuar esta lucha, oponiéndonos a una legislación precipitada y políticamente punitiva que microgestiona los asuntos de los condados a instancias de los activistas de Springfield", dijo Kenneally en un comunicado el jueves.
Con más tiempo antes de que termine el contrato, García dijo que espera que esto signifique que ICE tenga ahora más espacio para considerar las peticiones de liberación de las personas o las solicitudes de libertad condicional.
Pero el retraso deja a los detenidos y a sus familias "en el limbo", dijo García.
La gente está sentada aterrorizada en el centro de detención de inmigrantes de la cárcel del condado de McHenry, dijo García, ya que ahora no saben a dónde van o lo que esto podría significar para su proceso de deportación.
Eva Baker, residente de Woodstock y miembro de la Coalición para Cancelar el Contrato de ICE en el condado de McHenry, compartió la frustración de Acosta y García por la ampliación del plazo, pero dijo que esto dará a los activistas más tiempo para presionar por la liberación de los detenidos.
Tener a personas en prisión por cuestiones de inmigración es inhumano, dijo Baker.
"En última instancia, nos gustaría ver el fin de la detención de inmigrantes en general", dijo Baker. "Este país se fundó sobre la base de la inmigración. Todo el mundo aquí es un inmigrante, excepto los nativos americanos".
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