Foto de April Alonso para Borderless Magazine/Catchlight LocalUn proyecto de ley aprobado el lunes por la Asamblea General de Illinois permitiría a la oficina del defensor público del condado de Cook representar a los inmigrantes en el Tribunal de Inmigración de Chicago.
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Un proyecto de ley aprobado el lunes por la Asamblea General de Illinois permitiría a la oficina del defensor público del condado de Cook representar a los inmigrantes en el Tribunal de Inmigración de Chicago, un paso que, según los defensores, ayudará a más inmigrantes del condado a evitar la deportación.
A diferencia de los acusados de delitos, los inmigrantes que se enfrentan a la deportación no tienen derecho a un abogado de oficio. La oficina del defensor público del condado de Cook creó el año pasado una unidad de inmigración para representar a los inmigrantes en los tribunales de inmigración, pero necesitaba la autorización de la legislatura estatal para hacerlo.
El proyecto de ley, HB 2790, fue aprobado por el Senado estatal por 36 votos a favor y 18 en contra, después de haber sido aprobado por la Cámara el mes pasado. El proyecto de ley se dirige ahora a la mesa del gobernador demócrata J.B. Pritzker. Un portavoz del gobernador dijo que "espera revisar el proyecto de ley".
Los partidarios del proyecto de ley dijeron que proporcionar la defensa de la deportación a través de la oficina del defensor público ayudará a los inmigrantes que no pueden pagar un abogado y que podrían tener un derecho legal a permanecer en el país.
Liz Kenney, una experta en política de inmigración del Instituto Vera de Justicia, sin fines de lucro, que ayudó al condado de Cook a desarrollar su unidad de inmigración, dijo que ayudará a "nivelar el campo de juego".
"Se está deportando a personas que tienen reclamaciones legales para permanecer en Estados Unidos, pero que no pueden hacerlas valer porque no tienen la ayuda de un abogado", dijo Kenney.
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Casi el 70% de los más de 10.000 inmigrantes con casos de deportación ante el Tribunal de Inmigración de Chicago el pasado año fiscal no tenían abogado, según los datos recopilados y analizados por el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse. Los inmigrantes tienen entre cinco y diez veces más probabilidades de evitar la deportación si tienen representación legal, según estudios recientes que analizaron los datos de los tribunales de inmigración de Chicago y Nueva York.
El proyecto de ley no exige que el condado de Cook proporcione un abogado a cada inmigrante que se enfrente a la deportación ni proporciona al condado nuevos fondos estatales para contratar más abogados de inmigración. De hecho, la unidad de inmigración del condado tiene fondos suficientes para contratar sólo dos abogados de inmigración este año. Los defensores quieren que el condado contrate a otros dos el próximo año, lo que no es suficiente para representar a todos los que necesitan un abogado en el Tribunal de Inmigración de Chicago.
Pero los defensores locales de los derechos de los inmigrantes de la Coalición Defensores para Todos, que ayudó a impulsar el proyecto de ley, dijeron que es un pequeño paso hacia su objetivo final de representación legal para todos en los tribunales de inmigración.
"Todo el mundo tiene derecho al debido proceso, incluidos los inmigrantes, y los inmigrantes también deberían tener derecho a un abogado si no pueden pagarlo", dijo Eréndira Rendón, vicepresidenta de defensa de los inmigrantes en The Resurrection Project, una organización sin fines de lucro con sede en el vecindario de Pilsen de Chicago y una de las principales organizadoras de la coalición. "La coalición seguirá trabajando para conseguir la representación universal, y este proyecto de ley es una pieza importante que nos ayuda a conseguirlo".
Hena Mansori, una veterana abogada de inmigración de Chicago que fue elegida para dirigir la unidad de inmigración del defensor público, dijo que espera que la unidad asuma su primer caso de deportación a principios del próximo año.
El objetivo inmediato será representar a los inmigrantes detenidos por motivos de inmigración y ocuparse de casos derivados de condenas penales que podrían sentar precedentes legales que beneficiarían a otros inmigrantes en circunstancias similares, dijo Mansori.
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Más de 40 ciudades y condados proporcionan fondos públicos para la defensa de la deportación. La mayoría de esas jurisdicciones -incluida Chicago- pagan a organizaciones de inmigración sin fines de lucro para que se encarguen de los casos de deportación.
Sólo unos pocos tienen defensores públicos que representan directamente a los inmigrantes en los tribunales de inmigración. Uno de los primeros fue el condado de Alameda (California), que incluye Oakland y Berkeley y fue uno de los modelos para la unidad de inmigración del condado de Cook.
Raha Jorjani, que ha dirigido la unidad de inmigración del condado de Alameda desde su creación en 2014, dijo que la incorporación de la defensa de la deportación dentro de una oficina de defensa pública ayuda a reducir el tiempo que un inmigrante podría pasar en la detención - lo que ayuda a mantener a las familias inmigrantes y sus comunidades intactas.
"Cuando se puede iniciar la defensa con antelación, incluso antes de que alguien acabe bajo custodia de inmigración, en última instancia, se está reduciendo la cantidad de tiempo que [un cliente] podría tener que estar bajo custodia", dijo Jorjani.
Irakere Picón, una de las principales organizadoras de la Coalición Defensores para Todos y directora de servicios legales de la Coalición Empresarial de Inmigración de Illinois, dijo que las organizaciones sin fines de lucro sólo pueden "llenar los vacíos" que existen en la financiación de los gobiernos de la ciudad, el condado y el estado.
Los programas de defensa de la inmigración financiados con fondos públicos son una solución "mucho más permanente", dijo Picón.
La continuidad del servicio y el compromiso de defender a los inmigrantes, incluso si sus casos se complican por una detención o una condena penal, son características del modelo de defensores públicos, dijo Kenney, que es el director asociado del programa de la Iniciativa de Seguridad e Imparcialidad para Todos en el Instituto Vera de Justicia, que se asocia con las jurisdicciones locales en los programas de defensa de la deportación y aboga por la representación universal.
Integrar un programa de defensa contra la deportación en una oficina de abogados públicos muestra el "firme compromiso de un condado de que todos, independientemente de su contacto con el sistema jurídico penal, independientemente de su origen nacional, merecen una defensa celosa cuando se enfrentan a las consecuencias de la deportación", dijo Kenney.
Desde que comenzó en septiembre, Mansori se ha centrado en asesorar a los defensores públicos sobre cómo montar la mejor defensa penal para sus clientes no ciudadanos. Una vez que el proyecto de ley se convierta en ley, dijo que la unidad podrá seguir representando a algunos de esos mismos clientes si terminan en audiencias de deportación.
La Junta de Comisionados del Condado de Cook asignó 350.000 dólares a la unidad de inmigración para este año fiscal, que finaliza el 30 de noviembre. La JB and MK Pritzker Family Foundation, una organización filantrópica financiada por la fortuna personal de Pritzker, aportó otros 300.000 dólares para ayudar a poner en marcha la unidad. Espera contar con dos abogados, un asistente jurídico y un gestor de casos para finales de año. La fundación ha destinado otros 300.000 dólares para el próximo ejercicio fiscal, y la Presidenta de la Junta del Condado de Cook, Toni Preck, también ha aportado 300.000 dólares.
La presidenta de la Junta del Condado de Cook, Toni Preckwinkle, dijo que el condado está "comprometido a continuar con la unidad en el futuro".
Mansori dijo que espera que la unidad de inmigración sea un modelo que pueda ampliarse si los gobiernos local o federal facilitan más fondos.
Queremos "ser capaces de dar el ejemplo y reunir los datos para seguir abogando por la financiación federal de la representación universal demostrando la diferencia que puede suponer", dijo.
